Opinión

 TRAICIÓN A LA PATRIA

Dr. Orlando Amores Terán/Quito

Si tuviésemos presidente y legisladores preocupados por restaurar la República, no por hacer negocios con los bienes de la Nación, ni por el irresponsable show mediático, ya habrían incorporado nuevas conductas, al tipo penal descrito como traición a la Patria, sancionándolo con 40 años se reclusión e incorporándolo a los delitos imprescriptibles, contenidos en el Art. 233 de la Carta Chávez.

Traición a la Patria es:

Acortar el presupuesto destinado a los servicios secretos de inteligencia, contrainteligencia y contrainsurgencia.

Adquirir naves, armamento, equipo militar con sobreprecio, el cual se deduce de los valores del mercado.

Eliminar el servicio militar obligatorio.

Transferir a instituciones dependientes del poder político temporal de turno, los equipos de monitoreo, escucha, identificación de llamadas y otros especiales, destinados a los servicios secretos.

Debilitar los servicios secretos, trasladando su personal, a instituciones dependientes del poder político temporal de turno.

Trasladar los servicios de migración e inteligencia, a instituciones del poder político temporal de turno, extirpándolos de las instituciones de la fuerza pública permanente.

Permitir que el personal militar o policial entrene a grupos civiles no autorizados.

Autorizar el ingreso a las escuelas de oficiales y tropa de FFAA y PPNN, de personas vinculadas a organizaciones delictivas o narcoterroristas.

Propiciar, auspiciar, realizar actos terroristas de vandalismo, saqueo, incendio, destrucción, secuestro de personas, extorsión, asesinato, tráfico de personas, de órganos humanos, armas, divisas, equipos, documentos, o narcóticos.

Ejecutar actos de violencia para infundir terror.

Organizar bandas para crear alarma social con fines políticos o criminales.

Impedir a los efectivos de la fuerza pública que mantengan y porten todo el tiempo, sus pistolas de dotación, cargadas.

Vetar u obstaculizar a los ciudadanos ecuatorianos que no tengan antecedentes penales, ni vinculación con organizaciones narcoterroristas, la tenencia y porte de armas, para precautelar su integridad personal, la de su familia y bienes privados y nacionales.

Incluir en las leyes y reglamentos castrenses y policiales, toda mención a  «derechos humanos», porque degradan las órdenes, destruyen el mando, generan insubordinación, afectan a la disciplina, deforman la institución; tornando ineficiente e ineficaz toda acción militar y policial. Toda vez que quien ingresa a una institución castrense o policial suscribe un contrato de adhesión, por el cual se somete a las normas, usos, tradiciones y costumbres de tales instituciones.

Cometer peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito.

Incurrir en prevaricato judicial, error inexcusable fiscal, dolo procesal fiscal.

Negar u obstaculizar la legítima reacción de la fuerza pública, empleando medios selectivos, hasta neutralizar totalmente toda amenaza narcoterrorista o terrorista.

Sancionar a la persona  que mata o hiere en defensa de su integridad personal o de su familia, o de otra persona, o de sus bienes privados y nacionales, porque vulnera la defensa propia, cuando se actúa ante una agresión actual e ilegítima por parte de un sujeto armado, sin provocación por parte del que se defiende.

Nacionalizar a extranjeros, vulnerando normas de seguridad, en perjuicio de los nacionales.

Auspiciar la «ciudadanía universal», perjudicando a los nacionales, al permitir que los extranjeros voten, afectando la seguridad nacional; al admitir personas con antecedentes penales, vinculados a organizaciones delictivas y narcoterroristas internacionales.

Procesar penal, civil o administrativamente a ecuatorianos por defender el país, imputándoles xenofobia.

Eliminar la capacitación y entrenamiento militar y policial en escuelas e instituciones de países democráticos.

Mantener relaciones diplomáticas con regímenes vinculados al Foro de Sao Paulo o autodenominados socialistas del siglo XXI,  que tanto perjuicio han ocasionado en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile.

Invertir dinero de los contribuyentes, en países cuyos regímenes están vinculados al Foro de Sao Paulo o al autodenominado socialismo del siglo XXI.

Financiar con dinero de los contribuyentes, las carreras políticas de las personas, auspiciando a sus organizaciones.

Gastar el dinero de los contribuyentes, en propaganda estatal.

Destruir la dolarización de mercado mediante intervención estatal manipulando el dinero que la sociedad productiva deposita en el sistema de captación de dólares: banca, seguridad social, fondos de dolarización.

Fomentar la irresponsabilidad administrativa en el Estado al omitir en toda prestación de servicio y contrato estatal, la obligación jurídica de responder por las pérdidas, por el incumplimiento, o por el cumplimiento imperfecto del mismo.

Omitir el costo de responsabilidad por la administración de los recursos de los contribuyentes y de los bienes de la Nación, para que sean repetidas las pérdidas, a los dignatarios, funcionarios, empleados públicos irresponsables, que las ocasionaron por acción u omisión.

Provocar o admitir el ejercicio de representación pública no vinculante, por parte de dignatarios y funcionarios. Lo cual les exime de cumplir sus obligaciones inherentes al cargo, su plan de trabajo.

Utilizar el sistema educativo estatal o privado, para adoctrinar a los estudiantes, inculcándoles ideas marxistas o ideologías aberrantes, en lugar de desarrollar la inteligencia en base a ideas de civismo, de ética, de respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la familia y a la Patria.

Destruir, incendiar, deteriorar, eliminar archivos históricos, sin perjuicio de recibir sanción por lesa humanidad.

Propiciar la pérdida de la soberanía territorial, hídrica, geoespacial, sanitaria, alimentaria, biótica.

Proponer la eliminación o modificación de las normas jurídicas que tipifican las conductas descritas como traición a la Patria y las que se incorporen a esta Ley, con posterioridad.

Deróguense todas las normas jurídicas que se contrapongan o no guarden conformidad con el presente ordenamiento jurídico, que tiene carácter de ley orgánica, por desarrollar normas fundamentales para la supervivencia de la República del Ecuador, que fue sometida desde el 2008 hasta la fecha, a una estructura jurídica narco-Estatal, que consiste en promulgar leyes para favorecer el delito y proteger a los criminales, anteponiendo derechos humanos y garantías penales del hampa y del terrorismo, a los intereses de la sociedad ecuatoriana, de sus instituciones y de las víctimas; anulando la legítima reacción de la fuerza pública ante el crimen, propiciado la inseguridad social y jurídica, el fraude electoral, la corrupción generalizada, el abuso de bienes públicos, el despilfarro, la injusticia y la impunidad.

Los delitos por traición a la Patria son sancionados con reclusión de cuarenta años, son imprescriptibles y no son susceptibles de fianza, rebajas, ni medidas sustitutivas.

¡Primero mi Patria!