Economía

Garantizan acceso de actores de economía popular y solidaria a compras públicas

El proyecto crea disposiciones que permitan un tratamiento preferente que facilite y fortalezca al sector financiero solidario y para mejorar el acceso a los factores productivos

QUITO. El proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria, que espera la sanción o veto del Ejecutivo, establece normas sobre comercialización, a través de las cuales se incorporan mecanismos para garantizar el acceso de los actores de la economía popular y solidaria (EPS) a las compras públicas. Entre estos constan: la reserva del mercado, feria inclusiva y catálogo electrónico, así como  acceso a sistemas de garantía para recibir anticipos, medidas de preferencia para el pago por parte de las entidades estatales a proveedores de este sector de la economía, entre otros.

La norma eleva a ley la resolución de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado sobre la exhibición de productos de la Economía Popular y Solidaria, EPS, en perchas de supermercados y otras similares; y  determina plazos para el pago a los proveedores.

A nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, la propuestas dispone que, en concordancia con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), los gobiernos subnacionales provean el espacio público y la infraestructura necesarios e impulsen actividades de producción y fomento para que los productores y comerciantes de la economía popular y solidaria puedan desenvolver sus actividades en condiciones apropiadas.

Igualmente, se visibiliza y fomenta la generación de sistemas de redes y circuitos alternativos de comercialización, tales como canastas solidarias, portales de comercialización, entre otros.

Además, el proyecto crea disposiciones que permitan un tratamiento preferente que facilite y fortalezca al sector financiero solidario y para mejorar el acceso a los factores productivos para el sector real de la economía popular y solidaria.

Dentro de las finanzas solidarias, para el caso de las cajas de ahorro y crédito, se insertan mecanismos para la obtención de personería y registro, recibir asistencia técnica y capacitación, recibir fondos de crédito por parte de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, así como para tener un tratamiento tributario correspondiente con su naturaleza solidaria y fortalecer sus organismos de integración. (Asamblea/LA NACIÓN)