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Galo Lara pide que presidente de Panamá comparezca en su audiencia final

El pedido nace del abogado y ex embajador de la OEA, Guillermo Cochez Deberá explicar el supuesto pago de $6 millones por su extradición

La defensa del exasambleista ecuatoriano Tito Galo Lara pidieron que en la audiencia final para decidir su extradición comparezcan el expresidente panameño Ricardo Martinelli y otros funcionarios de su administración, y expliquen un supuesto pago de $6 millones por parte del país suramericano.

Así lo explicó el abogado y exembajador panameño en la Organización de Estados Americanos (OEA) Guillermo Cochez, vinculado al equipo defensor de Lara, quien alegó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá está actuando “aceleradamente” en este caso.

Una portavoz del máximo tribunal panameño confirmó que en horas de la tarde se celebrará la audiencia pública y que la rapidez obedece a que se efectúa bajo el régimen del sistema penal acusatorio.

Cochez afirmó que quiere que los testigos expliquen por qué Ecuador “pagó seis millones de dólares” para la extradición de Lara, empezando por Martinelli, quien debe ser notificado previamente para poder asistir.

La decisión de fijar la audiencia para hoy se tomó ayer, luego de que los abogados de Lara fueron notificados del rechazo de los recursos para detener su extradición.

Según el letrado, además de Martinelli se ha pedido la comparecencia “de los excancilleres Fernando Núñez Fábrega y Francisco Álvarez De Soto, la exvicecanciller Maira Arosemena y de una funcionaria de apellido Cerdeira”, entre los panameños, y de los expresidentes ecuatorianos Abdalá Bucaram, asilado en Panamá, y Lucio Gutiérrez, “quien llegará esta noche para asistir a la audiencia”, acotó.

Agregó que “no se ha resuelto” una recusación que se interpuso contra los magistrados José Ayu Prado, Harry Díaz y Gerónimo Mejía para que no sean los mismos que atiendan la audiencia de mañana “porque estuvieron vinculados con la audiencia en la que se pidió una fianza” para liberar a Lara.

Cochez dijo que ya manifestó su malestar a Ayu Prado, actual presidente del tribunal supremo panameño, por el procedimiento, según él, “apresurado”.

El pasado 4 de septiembre, la defensa de Tito Galo Lara, detenido en Panamá desde junio tras serle revocado el asilo, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Justicia ecuatoriana condenó el año pasado a diez años de prisión a Lara, del opositor Partido Sociedad Patriótica (PSP), tras ser declarado cómplice de un triple crimen ocurrido en agosto de 2011, después de que había sido exculpado en 2012, cuando fue acusado de ser el “autor intelectual”.

Cochez cree que “ha habido un ensañamiento de Rafael Correa (presidente de Ecuador) contra Galo Lara” por las denuncias que interpuso contra el gobernante y su grupo como asambleísta y porque “se atrevió a denunciar” operaciones como la compra de radares chinos, “donde hubo grandes comisiones y los radares no funcionan”.

Lara se encuentra detenido desde el pasado 11 de junio, después de que la CSJ panameña resolviera que debe permanecer en prisión preventiva hasta que la Cancillería decida sobre su extradición a Ecuador.

El político llegó a Panamá en septiembre de 2013 y un mes después el Gobierno del entonces presidente, Ricardo Martinelli, le concedió oficialmente el asilo territorial, pero en mayo pasado se lo retiró en una decisión inédita en la historia diplomática del país.

La Cancillería panameña ha explicado que revocó el asilo porque recibió “documentación” de Ecuador que “constató nuevos elementos procesales que dan plena certeza de la existencia de delitos comunes y no una persecución política” en contra del exlegislador.

Cochez aseguró en declaraciones en Washington que el Gobierno de Panamá “ha cometido una imprudencia” al revocar el asilo y consideró que la actual Administración del presidente Juan Carlos Varela, que asumió el poder en julio pasado, “está manejando mal el caso”.

El abogado recordó que las observaciones en contra de la extradición vencieron ayer y la CSJ tendrá que tomar una decisión. (Efe/La Nación)