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Fuerte pugna por la Superintendencia que controla el lavado de activos

Desde temas relacionados con lavado de activos e instituciones ilegales, hasta negociados todavía no saldados del todo, están en el cóctel de intereses.

Todo el mundo comenta que hay oscuros intereses detrás de la pugna para cooptar la Superintendencia de Bancos, tanto en redes como en conversaciones informales; pero casi nadie quiere dar el paso y pasar de los rumores a las evidencias concretas.

En una de sus últimas entrevistas públicas, cuando todavía era superintendente subrogante y no había sido descalificada de la terna del Gobierno para ser titular, Rosa Matilde Guerrero explicó la importancia central de la Superintendencia de Bancos.

“La Superintendencia de Bancos juega un rol, según la Constitución, de ser un organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control de las entidades a quienes da permiso de actuar, a quienes otorga entrada en el mercado financiero. Para eso, lo primero es saber de qué tipo de instituciones se trata y hacer cumplir requisitos mínimos como capital, interés, patrimonio técnico y regulación de riesgos”, puntualizó.

En este contexto, un primer interés detrás de las recientes disputas sobre la elección del nuevo Superintendente es tomar control de la institución que da carta de acceso y permiso de funcionamiento legal a cualquier tipo de entidad financiera.

Según Aníbal N., exfuncionario de la Superintendencia quien prefiere que su nombre no sea público, actualmente hay enormes riesgos y un aumento preocupante de las empresas financieras ilegales. “El papel de detección y prevención de delitos financieros, que hace la Superintendencia, es vital para evitar una mayor penetración del lavado de activos y el dinero del narcotráfico en el sistema formal. Aunque no todo se ha hecho perfecto, un manejo político y con intereses oscuros podría abrir la puerta a mayores problemas. Grupos políticos y económicos están detrás de eso”, dijo.

Saúl Romero, abogado con especialización en temas financieros, recalcó que el narcotráfico, la minería ilegal, los negociados en instituciones como el IESS, el Isspol e incluso el contrabando han crecido exponencialmente en el país durante los últimos 15 años. El paso siguiente para consolidar su dominio sería tener autoridades de control de bolsillo para tapar “movidas” pasadas, presentes y futuras.

Banco territorial, Biess y otros negociados
En el tema de las “movidas” pasadas hay casos con amplias repercusiones políticas, económicas e incluso sociales, donde la Superintendencia de Bancos tiene un papel importante que cumplir, ya sea para terminar la liquidación de entidades manejadas irregularmente como el Banco territorial o determinar responsabilidades en negociados dentro de entidades como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

En este último caso, por ejemplo, la conjunción de un irresponsable manejo político y jugosos intereses económicos, provocaron el despilfarro de parte de la cartera de inversiones del Biess durante la época correísta.

Se estima que al menos $419 millones se invirtieron en fideicomisos con serios problemas financieros y legales. De un total de 38 fideicomisos, 14 están paralizados, 13 se encuentran en liquidación, 6 están en fase de recuperación de inversiones, 2 son administrativos y solo tres están en ejecución.

Estas malas inversiones, según Macarena exfuncionaria consultada que también pide la reserva de su nombre, se detectaron hace tiempo, pero los procesos de liquidación e investigación fueron tortuosos y lentos por los intereses políticos y económicos que hay detrás. “Incluso con una institucionalidad no totalmente cooptada por esos intereses, las presiones para que se actúe en tal o cual dirección son diarias en organismos de control como la Superintendencia. Lo que se logra detectar, con todos los limitantes, incomoda y siempre será mejor tener funcionarios a la carta para tapar todo”, añadió.

Otro negociado del pasado que no se termina de cerrar está relacionado con el lavado de activos del sistema Sucre, a través de instituciones financieras como el Banco Territorial. En este tema, si bien la Fiscalía acaba de anunciar el llamamiento a juicio a 30 personas naturales y 33 jurídicas, el proceso de liquidación del banco sigue a medias y con vacíos.

En ese proceso estuvo involucrado, como liquidador, Raúl González, quien fue designado superintendente de Bancos por la Asamblea, pero desconocido por el Gobierno de Guillermo Lasso (a pesar de haberlo incluido en la terna oficial).

Por eso, entre las primeras medidas que intentó imponer el fallido funcionario, según fuentes consultadas, se incluye el nombramiento de “personas de confianza” para encubrir los manejos en instituciones cuestionadas en las que no solo está el Banco Territorial, sino también otras como la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda ‘Guayaquil’.

A todo esto, se suma que la Superintendencia de Bancos también es el controlador y supervisor de la banca pública, donde se han registrado innumerables manejos irregulares en los dos gobiernos anteriores; y que en la administración actual se busca sanear en medio de complicados procesos de cobro a grandes deudores morosos.

Manipulación política y caos
Otro aspecto para tomar en cuenta dentro de la disputa por la Superintendencia de Bancos es que también hay intereses en generar caos y manejar de manera política a la institución de control. Así, por ejemplo, Mauricio Pozo, exministro de Economía, en el contexto de la descalificación de Rosa Matilde Guerrero, aseveró que “quieren que la Superintendencia de Bancos baje las tasas de interés a dedo. Por eso descalifican a Rosa Matilde Guerrero. ¡Qué ignorancia!».

Asimismo, se hizo viral la disputa a través de twitter entre el economista Alberto Acosta Burneo y Raúl González.

En un tweet, Acosta Burneo aseguró: “El culebrón de la elección del Superintendente de Bancos pudo evitarse. Si el Presidente enviaba una terna bien analizada. Ahora es tarde y nuestros depósitos están expuestos a una supervisión política, en vez de a una supervisión técnica”.

En otras palabras, el tomar el control de la Superintendencia de Bancos también puede servir para generar caos y profundizar los problemas del país, pero sin hacerse responsable de nada desde la trastienda.

Ante la crítica de Acosta Burneo, la respuesta de González fue pedir acción inmediata de la Fiscalía y acusarlo de cometer el delito de pánico financiero. Es decir, acciones de amedrentamiento. (JS)

 

 

Diario La Hora