Opinión

Frente cívico-gubernamental

La titánica lucha que libra el Perú contra la corrupción de todo calibre, enquistada en la estructura del Estado, la clase política y empresarial, así como en la permisividad ciudadana, resultará siempre compleja. En el fragor de las continuas batallas habrá, sin lugar a dudas, errores y riesgos que debieran ser resueltos sin perder de vista el objetivo nuclear: sanear, transparentar y fortalecer la institucionalidad democrática.

Esta lucha histórica –al igual que muchas otras– nos agarra debilitados: instituciones carcomidas por la corrupción; vetusto marco legal y normativo, y un ánimo casi inexistente de reformas al interior de la clase política, que está más abocada a avasallar y embarrar al enemigo, deslegitimar la lucha anticorrupción y promover el desgobierno, con la finalidad de parapetarse mientras sus corruptos salen bien librados o huyen cuales ratas antes de eclosionar una matriz de desagüe de Sedapal.

A contrapelo de este escenario vomitivo, la recuperación de la conciencia ciudadana renueva la esperanza en avanzar en la lucha. Así, la mayoría de los ciudadanos –hartos de los perjuicios que les han ocasionado las mafias corruptas, entusiasmados por el accionar de fiscales y jueces que han logrado desnudar los mecanismos mafiosos, y el respaldo al Presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ha asumido el liderazgo en el frente de batalla– ha logrado armar en su inconsciente colectivo un frente cívico-gubernamental, con los riesgos y oportunidades que ello representa.

El principal riesgo de esta coalición cívico-gubernamental es lo que la historia siempre nos enrostra cada vez que la repasamos: dictadores que se creen iluminados interpretadores del oráculo popular, que terminan por destruir lo poco de institucionalidad democrática existente para la instauración de una autocracia. Venezuela es un ejemplo viviente de esta desgracia.

Sin embargo, también se nos abre una excelente ventana de oportunidad: si la clase política decide sumarse a este liderazgo, encauzando el voluntarismo presidencial a través de reformas políticas que se aprueben en el Congreso de la República, se respete la autonomía de jueces y fiscales probos, y se fortalezcan los espacios de participación ciudadana para legitimar las reformas, la lucha contra la corrupción avanzará, la confianza de la ciudadanía se recuperará, el Presidente de la República habrá tomado una gran lección de estadista y los corruptos estarán pagando ejemplarmente sus culpas.

¿Y cuál es la clave para que esta gran oportunidad no se vaya como agua entre los dedos? Nunca perder el objetivo de la lucha contra la corrupción y la impunidad: sanear, transparentar y fortalecer la institucionalidad democrática.

Autor: José Luis Patiño V..Perù.