Quito.  Las propuestas lanzadas desde el Ejecutivo con la intención de reactivar la economía ecuatoriana han generado un amplio debate en el cual los diversos actores tienen sus opiniones tanto críticas como a favor, ya sea dentro del mismo movimiento oficialista y la oposición.

Para el sociólogo económico del Instituto de Estudios Políticos de París y ex miembro de la Junta de Regulación Monetaria, Andrés Chiriboga, dentro de la propuesta hay algunas líneas positivas y otras que merecen ‘pulirse’ a través del diálogo y la discusión. En una entrevista con El Ciudadano, da sus puntos de vista sobre los puntos más relevantes de la iniciativa económica del Gobierno.

Las reformas económicas tienen como fin apoyar a los pequeños y medianos empresarios a través de la exoneración de impuestos ¿qué impacto generaría esta iniciativa gubernamental en la constitución de una sociedad emprendedora?

Los beneficios tributarios para negocios de menor tamaño son una medida positiva. Además, es interesante que quienes más pelearon por no pagar el anticipo al impuesto a la renta, es decir, los empresarios más grandes, se quedaron fuera y no les gustó para nada.

Creo que el proyecto de ley no apunta a paliar problemas estructurales de la economía, aquello se logrará con políticas que aborden sosteniblemente el problema del sector externo. Más bien apunta a contribuir con ciertos elementos para oxigenar algunos sectores de la economía. Así mismo, no se puede dejar de decir que la reforma recoge pedidos puntuales de sectores que han logrado canalizarlos en esta propuesta y que también da cuenta de los pulsos de un Presidente que busca construir y gestionar su capital político.

También hay varias reformas positivas para impulsar el mercado de valores del país como un espacio para canalizar el ahorro hacia la inversión: se crean nuevas actividades para las casas de valores y se da énfasis al mercado de facturas comerciales y a los procesos de titularización. Sin embargo, más allá de dar fuerza a estas figuras, corresponderá a las autoridades generar una adecuada regulación que vele por el buen funcionamiento del mercado y que no desincentive su uso.

Sin embargo, habría que advertir sobre la parte de la reforma que amplía la responsabilidad solidaria a los accionistas de una empresa en sus obligaciones tributarias. Esto lamentablemente, sería un desincentivo para la participación en el mercado de valores y, sobre todo, en su componente de renta variable que es donde falta más desarrollo.

El Estado ha dejado de recibir miles de millones de dólares debido al contrabando. Las autoridades aduaneras aseguran que el 70% de productos importados se desaduanizan en Ecuador. ¿Son suficientes las acciones propuestas?

Las normas que ayudan a fortalecer la institucionalidad estatal para luchar contra el contrabando y la defraudación aduanera son positivas. Su control es necesario, ya que estos fenómenos inciden negativamente en la gestión de los flujos de comercio, y esto puede tener graves efectos en una economía dolarizada, donde se debe facilitar el acceso de divisas, promover su circulación eficiente y cuidar su salida, sobre todo, por la vía del consumo importado suntuario.

Me preocupa que, de la mano de las propuestas encaminadas a mejorar la gestión aduanera y luchar contra el contrabando, el proyecto de ley dificulta la gestión del Sistema Nacional de Calidad, en materia de aplicación de normas técnicas y reglamentos para la importación de bienes y productos. La disposición tercera de la propuesta de ley crea trámites y competencias innecesarias para el establecimiento de procesos de regulación por parte de entidades como Agrocalidad y el INEN. Lo que es más terrible es que pone su aprobación en manos del Ministerio de Telecomunicaciones, quien tendría la posibilidad de ejecutar procesos de normas higiénicas, fitosanitarias, etc.

Con la justificación de simplificar trámites se va a hacer todo lo contrario: se va a entorpecer el sistema de gestión de calidad del país y se debilita la institucionalidad del Estado para proteger a la ciudadanía y hacer una adecuada gestión de los flujos de comercio.

El ministro Carlos de la Torre ha manifestado que la reforma irá acompañada de políticas para agilitar el crédito a través de BanEcuador. Es importante el rol de la banca pública, pero ¿qué hay de la banca privada?

El fortalecimiento de la banca pública ha sido parte importante de la recuperación del Estado en la última década. La mayor deuda siempre fue la transformación radical del extinto Banco Nacional de Fomento. Ahora, un BanEcuador que funcione bien será clave para canalizar financiamiento a los pequeños y medianos productores. Así mismo, hay que potenciar el trabajo del sector financiero popular y solidario, profundizando su regulación preferencial y tomando medidas para fortalecerlo, por ejemplo, a través de potenciar el rol de la CONAFIPS, banco público que permite canalizar liquidez hacia las cooperativas de ahorro y crédito.

Es importante que se revisen las regulaciones de tasas y segmentos de crédito para favorecer la colocación de crédito productivo y microcrédito desde las entidades financieras privadas y populares y solidarias. Hay instituciones que maquillan crédito de consumo como si fuera microcrédito. Esto es terrible porque mata al microcrédito y favorece el consumo suntuario y de productos importados que no ayuda en nada a la dolarización. La Junta Monetaria y Financiera puede perfectamente trabajar estos temas.

 ¿Cuáles son los beneficios y costos de promover el dinero electrónico en el país?

Los medios de pago electrónico, dinero electrónico, tarjetas, transferencias aumentan la velocidad de circulación del dinero. Me apena muchísimo que el Proyecto de Dinero Electrónico Público del Banco Central esté llegando a su fin. La reforma obliga a “cerrar el kiosko” de una iniciativa que fue pionera en el mundo por su alcance y características. El discurso de la desconfianza generado por ciertos actores económicos pudo más.

Ahora lo que resta es empujar para que el sistema financiero efectivamente aumente el uso de medios de pago electrónicos, cuidando que sea en condiciones favorables para la población. La banca ecuatoriana siempre quiere subir tarifas para desincentivar el uso de efectivo como para cobrar más por el uso de medios electrónicos. Lo que se debería hacer es bajar ciertas tarifas para hacer accesible el uso y presionar a las instituciones financieras para que masifiquen esos servicios de bajo costo.  (El Ciudadano/LA NACIÓN)