Este lunes 23 de noviembre el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, afronta un juicio procesado por corrupción y tráfico de influencias, por presuntamente haber sobornado a Gilbert Azibert, entonces abogado general ante el Tribunal del Supremo, para recibir ayuda en una investigación judicial en su contra, relacionada con una supuesta financiación irregular de su campaña presidencial en 2007. Si es hallado culpable, Sarkozy enfrentaría una condena de hasta 10 años de cárcel.

Un juicio inédito en Francia. Por primera vez en la historia del país un expresidente estará en el banquillo de los acusados durante un juicio. El pionero en dicha situación es el exmandatario Nicolas Sarkozy, quien gobernó entre 2007 y 2012.

Aunque el expresidente es investigado por otros dos casos, también por presunta corrupción, el primero que lo lleva a los tribunales se remonta a 2014, cuando supuestamente intentó sobornar, junto a su abogado Thierry Herzog, al magistrado Gilbert Azibert, entonces abogado del Tribunal Supremo.

Ambos le habrían ofrecido a Azibert un puesto en el Consejo de Estado de Mónaco, a cambio de información confidencial sobre una investigación contra Sarkozy, relacionada con las acusaciones de que, el entonces jefe de Estado, había aceptado pagos ilegales de la heredera de L’Oreal, Liliane Bettencourt, para su campaña presidencial de 2007.

Según las autoridades, el hecho se descubrió a partir de unas escuchas telefónicas contra el entonces presidente. «Le ayudaré, la haré ascender», habría afirmado Sarkozy en uno de los diálogos, de acuerdo con las indagaciones.

Desde 2013, los investigadores habían estado escuchando conversaciones telefónicas entre Sarkozy y su abogado Thierry Herzog, cuando profundizaban en las acusaciones de financiamiento libio en la campaña de Sarkozy en 2007.

Mientras lo hacían, se enteraron de que Sarkozy y su abogado se comunicaban mediante teléfonos móviles registrados con nombres falsos. El teléfono de Sarkozy estaba registrado a nombre de Paul Bismuth.

Los tres implicados enfrentarían hasta 10 años de prisión y fuertes multas si son declarados culpables.

La estrategia de la defensa

Pese a que habría existido tal ofrecimiento, la promesa a Azibert no se cumplió, de acuerdo con información de las autoridades de Mónaco. Motivo por el que tanto el exgobernante, como su abogado, alegan que no cometieron el delito del que los acusan.

Pero, las investigaciones sostienen que alguien dentro del sistema judicial les habría avisado de las interceptaciones telefónicas, por lo que Sarkozy y Herzog habrían tratado de «disimular».

La Fiscalía Nacional Financiera señaló, en su documento de acusación presentado en octubre de 2017, que los acusados actuaron como «delincuentes expertos».

El exmandatario se ha defendido al argumentar que se trata de un complot político en su contra y su defensa se centra en señalar que no hay pruebas de que Sarkozy hiciera algún movimiento a favor de Azibert. También se enfocará en denunciar la violación del secreto de sus comunicaciones con su abogado.

En Francia, las comunicaciones entre un abogado y su cliente son secretas. Sin embargo, hay una excepción cuando el letrado participa en la presunta comisión de un delito.

Las otras investigaciones contra Sarkozy

El exmandatario francés también fue imputado el pasado 16 de octubre por presunta «asociación criminal», en medio del caso de la supuesta trama de financiación ilegal libia para la campaña que lo llevó al Palacio del Elíseo en 2007.  En este caso, Sarkozy también insiste en su inocencia y afirma ser víctima de una «conspiración».

Los fiscales investigan las acusaciones de que el exlíder libio Muamar al Gadafi habría entregado, en secreto a Sarkozy, 50 millones de euros para financiar su campaña presidencial.

Por otro lado, en 2018, Sarkozy perdió una apelación contra la decisión de enviarlo a juicio por cargos de financiación ilegal de campañas por el llamado «caso Bygmalion». Se trata de la supuesta maniobra para ocultar los gastos reales de su fallida campaña presidencial con la que intentó la reelección en 2012.

Según la acusación, su partido político Unión por un Movimiento Popular (UMP), ahora llamado Les Républicains, se habría confabulado con la empresa de relaciones públicas Bygmalion para no revelar la verdadera suma empleada.

Presuntamente, la compañía aliada facturó los gastos al partido político de Sarkozy en vez de a la campaña para que su movimiento político pudiera gastar casi el doble de la cantidad permitida. Para lograrlo, el partido le habría pedido a la agencia de comunicaciones que emitiera facturas falsas y de esa manera cubrir el gasto excesivo.

Sarkozy lucha por demostrar su inocencia en todos estos casos, mientras se convierte en el primer expresidente francés visto como acusado en un juicio, pues aunque el fallecido presidente Jacques Chirac fue condenado en 2011 por el caso de los empleos ficticios de la Alcaldía de París, no compareció ante el tribunal, tras alegar problemas de salud.