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Fiscalización indagará tres contratos cuestionados

Manejar por la noche a un costado de los trabajos inconclusos de la vía Manta-Colisa sigue siendo un riesgo para los conductores.

El estado de esa fallida obra, así como otros dos contratos con irregularidades suscritos en la provincia de Manabí, durante el Gobierno de Rafael Correa, estarán en la mira de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

La Revolución Ciudadana adjudicó de manera directa a la empresa Consermin, la construcción de la vía Manta-Colisa, tras el terremoto de abril de 2016. Pero esta obra no se terminó de ejecutar.

Ante esto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) decidió en mayo de 2020 terminar de forma unilateral el contrato con Consermin, por retrasos e irregularidades detectadas por la Contraloría. Desde entonces, el Estado no ha podido cobrar USD 21,9 millones de garantías.

Es por esta razón que Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, entregó por iniciativa propia a la Comisión de Fiscalización la documentación sobre el contrato suscrito en marzo de 2017 entre Ecuador Estratégico (en proceso de liquidación) y Consermin, cuyo principal accionista es Ramiro Galarza.

Se trata de uno de los sentenciados a ocho años de prisión por el caso Sobornos. Actualmente Galarza está prófugo de la justicia, pero a mediados de noviembre pasado la Procuraduría informó que solicitó el embargo de sus cuentas.

Para esta carretera, el Gobierno realizó adelantos por USD 68 millones, aunque según Cabrera, solo el 52% fue devengado. El contrato total bordea los USD 100 millones, por lo que se bautizó a esta obra inconclusa como la vía “más cara del país”.

La Cartera de Transporte insiste en que la Compañía de Seguros Oriente realice el pago de las pólizas de fiel cumplimiento de contrato y de buen uso de anticipo. Pero meses atrás, la aseguradora logró una medida cautelar a su favor para evitar hacer ese desembolso.

El MTOP, además, entregó a Fiscalización documentos sobre contratos otorgados a la empresa Equitesa, también involucrada en el caso Sobornos.

Pedro Verduga, propietario de esa firma, confesó haber entregado grandes sumas de dinero a exfuncionarios del correísmo, por lo que fue sentenciado a ocho años de prisión por cohecho. Igualmente, Procuraduría dispuso el embargo de sus cuentas.

Según Cabrera, quieren saber “qué pasó” con los contratos de obra vial en Manabí otorgados a Equitesa, cuyo valor se multiplicó de “manera escandalosa”, mediante contratos complementarios y convenios de pago.

Equitesa estuvo al frente de la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Chone-Canuto-Calceta-Junín-Pimpiguasi. El contrato se firmó en 2008 y se terminó por mutuo acuerdo en 2014.

Pero según Transporte, se solicitaron incrementos de cantidades “que ahora es necesario conocer con claridad el porqué de los mismos, además de una explicación de los convenios de pago, los valores pagados y las diferencias encontradas por Contraloría”.

Y el tercer caso con irregularidades, en el que se pide apoyo de Fiscalización, es la concesión del Puerto de Manta a la empresa chilena Agunsa.

Ese contrato se cristalizó en diciembre de 2016. La Contraloría aprobó un informe con 48 observaciones a la concesión, en su mayoría centradas en la firma del contrato.

El MTOP dice que a raíz de la concesión, la Autoridad Portuaria de Manta (APM) se volvió una “entidad deficitaria”, porque esta quedó a cargo de la terminal pesquera, mientras tanto la terminal internacional se delegó a Agunsa, mediante una compañía local.

Se argumenta que ahora la APM dejó de ser rentable y que su estabilidad financiera está en riesgo. Por esto, la intención de la Cartera de Transporte es conocer cómo se dio el proceso y por qué se seleccionó a la empresa chilena.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, señaló que el caso de la concesión del Puerto de Manta forma parte del plan de trabajo que esa mesa legislativa indagará en este periodo.

Por ello “celebró” que el MTOP haya entregado documentos, antes de que se le solicitara formalmente. Recordó que por este caso ya hay un expediente abierto.

También mencionó que, entre los 57 casos que investigará la Comisión, consta un capítulo sobre el proceso de reconstrucción de Manabí. En este caso, Contraloría determinó que la construcción de la vía Manta-Colisa no era prioridad tras el terremoto.

Desde la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), capítulo Manabí, hay respaldo a la decisión de Cabrera. Así lo dice Julio Villacreses, su coordinador. Pero pide que, a la par, se solicite que la Fiscalía impulse indagaciones y formule cargos por estos tres casos.

“Está en deuda con Manabí la Fiscalía. En estos casos se ve una banda criminal que monopolizó la contratación pública aquí y en otras partes del país”, expresó el coordinador de la CNA capítulo Manabí.

Villacreses también pide que el Gobierno transparente el proceso de concesión del aeropuerto de Manta y que no haya “cortinas de humo”.

Estos tres casos de la provincia de Manabí se suman a la lista de pendientes que tiene la Comisión de Fiscalización.

 

El Comercio