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Fiscalía procesa a 2 vocales de Judicatura y un Juez de Pichincha

La fiscal general, Diana Salazar, solicitó a la Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora para formular cargos en contra de tres funcionarios públicos, entre ellos, dos vocales del Consejo de la Judicatura. La petición se realizó este viernes 28 de abril de 2023.

Durante una audiencia, la Fiscalía prevé procesar penalmente al juez provincial de Pichincha, Wladimir J. y a los vocales de la Judicatura, Juan José M. y Ruth Maribel B. por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias

Salazar aseguró que la acusación de Fiscalía “se sustentará en los elementos de convicción encontrados durante 10 meses de investigación”. Esta indagación nació el 15 de junio de 2022.

Según la Fiscalía, una de las evidencias es el testimonio anticipado de una funcionaria judicial “quien acredita los hechos” y relata cómo se habría perpetrado este ilícito. El 17 de marzo del 2023 fue cuando se receptó la declaración de esa servidora.

La acusación de Fiscalía
Este 28 de abril de 2023, la Fiscalía aseguró que existe “un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”.

“La Fiscalía realiza un trabajo técnico jurídico apartado de cualquier contexto político y formula cargos en contra de los responsables para evitar la impunidad”, indicó Salazar.

Salazar añadió que “es fundamental mirar con detenimiento este caso ya que estamos hablando del máximo organismo de control de la Justicia. Por lo que estoy segura de que sentaremos un precedente para que en el futuro no se vuelva a utilizar a las instituciones del Estado para tomarse el poder”.

Hasta las 12:00 de este viernes ni Judicatura ni los implicados en esta investigación se ha pronunciado sobre las acusaciones y la decisión de Fiscalía.

¿Sanciones al tráfico de influencias?
El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece el tráfico de influencias. Este delito se configura cuando funcionarios públicos o personas que actúen en virtud de una potestad estatal aprovechan su cargo, su relación personal o jerarquía para influenciar sobre otra persona.

Quien influencie a otra persona o servidor público para “obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. Así lo establece la normativa penal.

 

El Comercio