La situación jurídica de la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, se complicó tras la audiencia de formulación de cargos realizada el 2 de septiembre de 2026, dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Durante la diligencia, la Fiscalía presentó elementos de convicción relacionados con supuestos incrementos patrimoniales no justificados y solicitó prisión preventiva para garantizar su comparecencia al proceso. Según la información expuesta, Núñez habría declarado un patrimonio de USD 1,2 millones al iniciar su gestión en 2019, cifra que habría ascendido a USD 4,9 millones en 2022. El Ministerio Público analiza posibles inconsistencias frente a sus ingresos como prefecta y otros recursos vinculados a empresas de su cónyuge. La jueza especializada en corrupción y crimen organizado suspendió la audiencia para deliberar sobre las medidas cautelares. Núñez sostiene que es inocente y ha denunciado una supuesta persecución política.

 

 

 

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