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Fiscalía General del Estado se pronunció, tras decisión de la Asamblea sobre Verónica Abad

La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial, luego de la resolución de la Asamblea Nacional.

La Fiscalía General del Estado (FGE), dirigida por Diana Salazar, se pronunció tras la decisión de la Asamblea Nacional sobre la vicepresidenta Verónica Abad y la solicitud de autorización de enjuiciamiento penal en su contra.

A través de un comunicado, publicado en sus redes sociales oficiales, la Fiscalía General del Estado se pronunció cerca de las 16:30, aproximadamente una hora después de la resolución de la Asamblea Nacional.

La tarde de este viernes 14 de junio de 2024, la Asamblea resolvió no levantar la inmunidad a Verónica Abad, quien goza de fuero de Corte, en su calidad de Vicepresidenta de la República.

La Fiscalía buscaba procesarla por el delito de concusión, derivado del caso Nene, en el que es procesado su hijo, Francisco Barreiro Abad, por oferta de tráfico de influencias.

Pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado sobre Verónica Abad

La Fiscalía General del Estado manifestó que, respetuosa de la Carta Magna y de la Ley, informa a la ciudadanía que “continuará con el procesamiento del denominado caso Nene“.

“De acuerdo con los recaudos procesales, con el fin de aclarar los hechos y determinar responsabilidades, de las personas investigadas, siempre sobre la base de la Ley verdad procesal”, señala el comunicado.

Además, informa que seguirá con el proceso en contra de Verónica Abad, una vez que termine su período como Vicepresidenta.

“Esta Institución reafirma sus compromisos con la ciudadanía de luchar contra la corrupción, por lo tanto, seguirá el proceso en contra la persona investigada, una vez que termine su periodo
como Vicepresidenta”, concluye el comunicado.

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La votación en la Asamblea Nacional

El 14 de junio de 2024, la Asamblea Nacional discutió la autorización de un juicio penal por concusión contra la vicepresidenta Verónica Abad en una sesión virtual. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) envió un oficio el 12 de junio solicitando dicha autorización, declarando la información como reservada.

La sesión inició a las 12:55 por disposición del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien mencionó que debido a la naturaleza reservada del oficio, solo se leerían las disposiciones esenciales para el caso. Según la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (Lotaip) y el Código Orgánico Integral Penal (Coip), divulgar información reservada puede ser penado con prisión de hasta diez años.

La CNJ solicita vincular a Abad al proceso para garantizar el debido proceso, ya que se la investiga por el delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del Coip. Este delito implica que un servidor público abuse de su cargo para exigir beneficios indebidos, con penas de tres a cinco años de prisión, o cinco a siete años si se utiliza violencia o amenazas.

Las fuerzas políticas se pronunciaron en la Asamblea

En la sesión, el asambleísta Leonardo Berrezueta presentó una moción para autorizar el juicio político contra Abad, pero fue rechazada con 41 votos a favor, 74 en contra y 18 abstenciones. Para aprobarla, se requería una mayoría calificada de 92 votos.

Luego, la asambleísta Gissella Molina propuso negar la autorización del juicio penal, argumentando falta de información y documentación adecuada, lo que violaría la Constitución y el debido proceso. Esta moción fue aprobada con 75 votos a favor, 38 en contra y 20 abstenciones.

El debate fue limitado con solo seis intervenciones, donde se destacó la importancia de no usar la Asamblea para actos inconstitucionales y que los jueces deben determinar la culpabilidad. Al final, no se alcanzaron los votos para reconsiderar las dos mociones, con 37 votos a favor, 93 en contra y 3 abstenciones. La sesión fue clausurada a las 15:13 por Henry Kronfle.

Por:  EL COMERCIO