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Fiscalía expuso la teoría del caso en el juicio contra el exministro del Deporte, Raúl C.

Los cinco procesados son juzgados por peculado, según el Art. 257 del Código Penal, vigente a la fecha que ocurrieron los hechos. Contempla una pena de 7 a 10 años de reclusión mayor.

QUITO. Se realizó la audiencia de juicio contra cinco ciudadanos, entre ellos Raúl C., exministro del Deporte, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, en la adquisición de implementos deportivos.

Los otros acusados son: Rafael M., director de Servicios Institucionales del Ministerio del Deporte;  Mario M., beneficiario del dinero del contrato; Elizabeth C., directora de Asesoría legal del Ministerio del Deporte y  Rosa S., contratista.

En la audiencia, que se realiza en la Corte Nacional de Justicia, participan Cecilia Armas Erazo, fiscal General del Estado subrogante, y por parte de la acusación particular, Catalina Ontaneda, actual ministra del Deporte.

En la exposición de la teoría del caso, Cecilia Armas, se refirió a que la Contraloría General del Estado remitió un informe que determinó  indicios de responsabilidad penal, debido a que existió un sobreprecio en la adquisición de implementos deportivos, en un contrato suscrito entre el Ministerio del Deporte y la señora Rosa S.

Según la Fiscalía, el Ministro del Deporte de esa época, Raúl C., autorizó la firma del  contrato sin  que conste en el Plan Operativo Anual 2007-2008 de esa entidad, con el cual se benefició a la acusada Rosa S., quien no es distribuidora directa ni fabricante de instrumentos deportivos como son pitos, balones, conos, cronómetros, entre otros

El contrato 095-DL-2007 se suscribió el 28 de diciembre del 2007, por la cantidad de 213.317,00 dólares. El 2 de enero del 2008, desdeel Ministerio del Deporte se habría hecho una transferencia a la cuenta de Rosa S., en el banco Bolivariano, por 133.323,12, es decir el 70% del valor. Al día siguiente, el 3 de enero, la madre de Rosa S. emitió dos cheques a favor de Mario M., por ese valor.

Posteriormente, el 28 de marzo del 2008, el Ministerio del Deporte transfirió a la misma cuenta  del banco Bolivariano, el 30% que faltaba (USD 69.328,02) y el 31 de marzo del 2008, Rosa S. emitió un cheque a favor de Mario M., por esa cantidad.

La Fiscalía explicó que los accesorios deportivos del contrato suscrito entre el Ministerio del Deporte y Rosa S. fueron adquiridos por Mario M. a la empresa Dator, distribuidora y proveedora certificada.

Cecilia Armas enfatizó que con estos actos ilícitos se causó un perjuicio económico al Estado por 114.880,20  dólares, pues hubo un sobreprecio en la compra de los accesorios.

La acusación particular ratificó la teoría del caso presentada por la Fiscalía. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO)