Quito. La Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra de los implicados en un supuesto delito de tráfico de influencias en la Empresa Pública de Telecomunicaciones y Agua Potable (Etapa EP) de Cuenca, para la contratación de la construcción de la ampliación de la Planta Potabilizadora de Agua de Tixán.

En la audiencia respectiva, la Fiscalía consideró contar con las pruebas suficientes para dictar orden de prisión preventiva en contra de uno de los posibles implicados. La medida se cumplirá durante los próxios 30 días en los que se realizarán las investigaciones de ley.

Santiago Vásquez, director General del Sercop, aseguró que la institución rectora de la compra pública en el Ecuador ha presentado las pruebas pertinentes sobre el caso y con las cuales se ha podido advertir que una alta autoridad de Etapa EP “entregó a sus familiares directos, su sobrino y primo, contratos de participación directa y en consorcios”.

El titular del Sercop recordó que estos actos “van en contra de la legalidad de la contratación pública”, y con ello se han violado los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que prohíben la adjudicación de contratos a familiares.

De acuerdo con las investigaciones se determinó que, en Etapa EP, “la autoridad subrogaba su cargo para no aparecer como familiar directo de quienes iban a ser contratados”, dijo Vásquez. (ANDES/LA NACIÓN)