La fiscal general, Diana Salazar, aseguró que los 13 procesados en el caso Las Torres conformaron una estructura organizada para obtener beneficios económicos por medio del cometimiento de cuatro “delitos graves”. Acusó al excontralor Pablo Celi y al exgerente de Petroecuador Pablo Flores de ser los líderes.

Estos ilícitos serían: lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión. Estos detalles se dieron a conocer el viernes 10 de diciembre del 2021 durante la audiencia preparatoria de juicio, que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia.

“Los integrantes de este grupo delictivo cometieron varios delitos que afectaron la eficiencia de la administración pública y la economía del país”, señaló Salazar.

Las pesquisas revelan que en esta estructura delictiva se “encontrarían implicadas instituciones públicas, empresas privadas, personas naturales y jurídicas que prestaban servicios en el sector petrolero”.

La funcionaria detalló ante el juez más de 100 evidencias recopiladas durante la investigación, entre ellas, testimonios, versiones, pericias y documentos.

Según la Fiscalía, esos indicios demuestran que los implicados exigía sobornos a dos empresas a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría, mantener contratos con Petroecuador y gestionar pagos pendientes.

Por ejemplo, habrían pretendido beneficiarse con el 20% del pago de una factura de USD 20,3 millones que Petroecuador adeudaba a Nolimit (una compañía que presta servicios petroleros). Es decir, USD 4,3 millones.

Las pesquisas también señalan que los imputados planificaron y coordinaron “la obtención de beneficios económicos de forma directa e indirecta”.

Además, los miembros del grupo habrían mantenido reuniones en Estados Unidos con los representantes de Nolimit para entregarles los números de cuentas y montos a adjudicar. Tenían previsto enviar ese dinero al sistema financiero suizo.

La defensa lo niega
Los abogados de los procesados niegan estas acusaciones y sostienen que sus defendidos son inocentes. Aseguran que la Fiscalía no tiene evidencias contundentes para demostrar la participación de sus clientes en ese delito.

Por ejemplo, Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, sostiene que su cliente no pidió ni se favoreció de pagos ilegales a cambio de desvanecer glosas.

En cambio, Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, indicó que terceras personas se han tomado el nombre de su cliente para perjudicarlo. Además, aseguró que su defendido nunca pidió sobornos.

Los líderes
La fiscal Salazar asegura que “existen elementos de convicción suficientes para demostrar la existencia del delito de delincuencia organizada”.

Por eso, el viernes, ella pidió al juez Felipe Córdova que llame a juicio por el presunto delito de delincuencia organizada a los 13 procesados.

La funcionaria también acusó de líderes de la organización delincuencial a Pablo Celi y Pablo Flores y al resto de procesados como colaboradores de esta trama de corrupción.

Ella señaló a todos los procesados como presuntos autores del delito. El artículo 369 de Código Integral Penal (COIP) sanciona con cárcel de siete a 10 años para los líderes de la organización delictiva y de cinco a siete años de prisión para los colaboradores.

 

El Comercio