Actualidad

Familiares no irían a la cárcel por pensión de alimentos

Las madres creen que con la vigencia de la medida será más difícil conseguir la pensión alimenticia para sus hijos.

GUAYAQUIL. La Asamblea está por aprobar el Código General de Proceso, un proyecto reformatorio del Código de la Niñez y Adolescencia para evitar la aprehensión de abuelos, tíos y hermanos mayores de quienes no cancelan las pensiones alimenticias. La medida solo se mantendrá para el progenitor.

Según el texto que será enviado a la Asamblea, señala que “no cabe apremio personal en contra de las o los obligados subsidiarios”. Aunque si contempla otras medidas para los familiares como la prohibición de salida del país.

Esto a pesar que desde el 2009, la Legislación completa el apremio personal, es decir la prisión por hasta seis meses, para los familiares de los niños cuyos padres no han pagado las pensiones alimenticias.

Durante los 6 años de vigencia que lleva la norma, se han registrado varios casos en los que los familiares del deudor son detenidos. Rosa Orozco fue demandada por la madre de su nieto en noviembre de 2011. En aquella ocasión, Orozco declaró: “primera vez que yo estoy así, en esta situación, por culpa de mi hijo, por la irresponsabilidad de él”.

Pero esta situación podría cambiar si se aprueba el Código General de Procesos que será discutido en segundo debate el próximo 10 de marzo en la asamblea.

Otro caso similar lo vivió Beatriz Miranda, hace cinco años, quien estuvo detenida en los calabozos del Centro de Detención Provisional (CDP) por orden del Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia, que sustanciaba un juicio de alimentos a uno de sus hijos.

En el 2010, Miranda fue apresada luego de un allanamiento que se realizó en su vivienda, situada en Bastión Popular, bloque 11. Esta acción le produjo un colapso en su salud por la impresión, pues padecía de problemas coronarios.

Ella era una persona viuda, de escasos recursos económicos y que trabajaba por las noches en el mercado de transferencia ayudando a los comerciantes a desgranar vegetales, labor por la que le pagan $8 que apenas le alcanzan para mantener a dos hijos desempleados.

Ante esta realidad, Luis Ávila, de la Defensoría Pública, entidad que apoya esta propuesta, en declaraciones para Ecuavisa, explicó por qué no se debe detener a los familiares de los deudores. “La responsabilidad respecto a la privación de libertad es personalísima. Entonces, esa extensión era de alguna manera inconstitucional. Da una sensación de injusticia, aunque posiblemente lo justo sea que el niño reciba una pensión de alimentos y tenga un nivel de vida adecuado”, confirmó Ávila.

Sin embargo, fuera de los Juzgados de la Niñez, las madres no están de acuerdo. Una de ellas es Estefanía Ordoñez, quien emprendió una demanda al papá de su bebé de un año. “Debe estar vigente, tienen que hacerlo porque si no cumplen los padres de los niños, tiene que haber alguien que cumpla”, refirió.

Ella sostuvo que lo importante es no dejar desamparado a un menor y que hay abuelos y tíos que sí pueden responder económicamente, por lo que hay que analizar bien estas reformas. (DO/La Nación)