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Expertos analizan plazo de aborto en casos de violación

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recogió la mañana de hoy, viernes 14 de enero del 2022, las opiniones científicas de profesionales y expertos que analizaron el artículo 19 del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación.

Este señala que el aborto, en casos de violación, debe aplicarse en un plazo máximo de 28 semanas de gestación (siete meses) en casos de personas mayores de 18 años y sin plazo para menores de edad o mujeres con discapacidad. La propuesta fue presentada por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, la cual dispuso a esa institución preparar dicho proyecto de ley.

Los otros artículos de la normativa ya fueron votados por la Comisión de Justicia el pasado miércoles en una jornada que duró más de 12 horas. Se lo hizo tras escuchar a especialistas, científicos, médicos, abogados constitucionalistas, expertos nacionales y extranjeros, quienes presentaron sus aportes y observaciones.

Al final de esa reunión, el presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo, propuso discutir sobre la temporalidad del aborto por una última vez hoy a las 09:00. “Invitamos a expertos para que con base en la evidencia científica y haciéndonos eco de una construcción colectiva de las normas, que es prioridad de esta mesa, se pueda tomar una decisión que alcance una mayor convergencia de las bancadas políticas”.

La primera expositora hoy fue la pediatra Syanya Pandzic, quien defendió la vida desde la concepción. Señaló que, a partir de la sexta semana, el cerebro y sistema nervioso de un bebé se desarrollan rápidamente y ya sienten dolor. A su criterio, si alguien no desea tener a su bebé puede darlo en adopción.

También intervino Karina Marín, quien trabaja de forma permanente como defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Cuestionó que el aborto por violación ha estado despenalizado para mujeres con discapacidad mental desde el año 1938. “Desde ese entonces a nadie se le ocurrió hablar sobre este problema. Nadie en 84 años se ha quejado sobre los abortos permitidos en las mujeres con discapacidad”.

“¿Por qué? Será porque el producto de un embarazo de una mujer con discapacidad es fácilmente prescindible, ¿acaso se trata de vidas que no merecen vivir si es que tanto se defiende a la vida como quieren decir ciertos discursos?”, acotó la activista. Le parece injusto que, luego de 84 años sin reclamos ni defensa de la vida de las mujeres con discapacidad, ahora se busque imponer plazos, lo cual representaría una medida regresiva.

Otro invitado fue el médico británico Callum Miller. Hizo una exposición detallada empezando en que la vida comienza en la fertilización y enfatizando que el aborto tardío no es seguro, según estudios realizados en varios países.

“En el caso de esta práctica, a las 12 semanas, se aumenta en tres o cuatro veces el riesgo de mortalidad en comparación a las semanas que oscilan entre la tercera y la novena”, manifestó el experto. Con base en estudios científicos, añadió que los primeros latidos del corazón comienzan a los 16 días de gestación y que los niños comienzan a sentir dolor en las primeras 10 semanas o antes.

Para Miller, con base en la información médica y biológica que ha recopilado, tanto por el bien del bebé y la mamá, no es viable otorgar 28 semanas de plazo. “Es por eso que la mayor parte de los países no aprueban un aborto con ese plazo, la viabilidad es a las 21 semanas”. Los únicos países que permiten – según el experto- hacerlo en ese plazo son China, Corea del Norte, Vietnam, Canadá y Estados Unidos. “No obstante, en EE.UU. se está tratando de cambiarlo”.

La sesión de la mañana de hoy, en la Comisión de Justicia, duró más de cuatro horas y estaba previsto que se retomara pasadas las 16:30. Se espera que en el transcurso de esta tarde se reconsidere el artículo que hace referencia a la temporalidad y se establezca un nuevo plazo.

 En la reunión del pasado miércoles, Alejandro Jaramillo defendió el trabajo desarrollado por la mesa legislativa en el proceso de construcción del proyecto, en el que se revisó, discutió y debatió artículo por artículo luego de escuchar a especialistas, profesionales de la salud, abogados, constitucionalistas, expertos nacionales y extranjeros, quienes presentaron sus aportes y observaciones.

Además, enfatizó que no se justifican las críticas que se han vertido en torno al proyecto que nace de una sentencia de la Corte. “Me solidarizo con los legisladores, la ciudadanía y las organizaciones que son objeto de agresiones y calificativos innecesarios, por nuestra parte cumplimos una sentencia y trabajamos por la niñas, adolescentes y mujeres que sufren violencia no solo sexual, sino emocional y psicológica”.

Las legisladoras Gissela GarzónJhajaira Urresta Johanna Moreira también cuestionaron los calificativos en contra de los parlamentarios y reiteraron el compromiso de trabajar para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

 

El Comercio