A dos años del retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, estas organizaciones estiman que debido a las diversas irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia venezolano.

VENEZUELA.Organizaciones defensoras de los derechos humanos firmaron un comunicado en el que exigen al gobierno venezolano el retorno del país a los organismos regionales de protección derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos, y agregan que la actuación en caso Ayotzinapa reitera importancia de la CIDH en la defensa de DDHH en la región.

A dos años del retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, estas organizaciones estiman que debido a las diversas irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia venezolano, la impunidad se ha convertido en uno de los problemas graves de violación a derechos humanos en el país.

Por lo tanto,  “las víctimas y las organizaciones que las acompañan, tras el agotamiento de las instancias internas, hoy no cuentan con la posibilidad que sí tienen los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa o de tantos otros casos atendidos por la CIDH así como por la Corte IDH: que en sus correctas peticiones se haga justicia”.

Resaltan que “nuestro país podría pedir un asesoramiento técnico similar al implementado en México para allanar el camino a la verdad de situaciones que hoy parecen de difícil resolución, como por ejemplo las 43 personas asesinadas en el año 2014 en el contexto de manifestaciones, así como otros casos de trascendencia pública y que continúan en impunidad. Lamentablemente, Venezuela ha optado por el camino de debilitar los mecanismos regionales existentes que pueden proteger a las personas en condiciones vulnerables frente al abuso de poder”.

 Destaca el Comunicado que “a pesar de la existencia de un recurso de inconstitucionalidad introducido en el Tribunal Supremo de Justicia, que no tenido decisión alguna, las organizaciones firmantes continuaremos exigiendo que el gobierno venezolano rectifique en su decisión de no estar bajo la jurisdicción de la Corte IDH, como lo han recomendado las evaluaciones de los organismos de Naciones Unidas. Además, seguiremos demandando que la Defensoría del Pueblo hable alto y claro para exigir el retorno de nuestro país a los organismos regionales de protección derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos” (Efe/La Nación)