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Evaluadores de jueces de la Corte comparecieron y denunciaron copia de sentencias

Los exasambleístas Cléver Jiménez y Fausto Jarrín; además de Mariana Yépez, Álvaro Mejía y Ramiro García, exintegrantes del comité que apoyó la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia en 2019, comparecieron este miércoles 10 de agosto a la Comisión de Fiscalización.

La sesión se dio por alrededor de ocho horas como parte del pedido de juicio político que impulsa el correísmo en contra del Consejo de la Judicatura que aluden, entre otras causales, a la citada evaluación.

Yépez reveló que en ese proceso “se encontraron sentencias con un solo patrón, pero aplicable en todas las decisiones, esto es, copiadas entre sí y solo cambiaba la parte resolutiva”.

“Yo me permití preguntar si había un formato obligatorio para que se actúe de esa manera. Y me dijeron que no”, acotó la exfiscal General del Estado.

Sin embargo, Viviana Veloz, asambleísta de Unes que busca la censura de la Judicatura, aludió a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del proceso por vulneraciones a la seguridad jurídica.

“¿Sabía usted que la evaluación integral de los jueces y conjueces no se encuentra reconocida en la Constitución, ni en el Código Orgánico de la Función Judicial?”, le increpó Veloz a Yépez.

“La evaluación realmente la hizo el Consejo de la Judicatura y nosotros lo que hicimos es colaborar. Nosotros participamos en ese comité presumiendo la legalidad, la legitimidad, de todas las actuaciones de la Judicatura”, respondió la excomisionada.

Álvaro Mejía agregó que la evaluación también permitió evidenciar que “ciertos jueces desconocían la aplicación de sentencias en casos de casación”.

“Tal vez, en criterio del comité de apoyo, el número de jueces tenía que ser superior el que tenía que ser separado, pero finalmente el Consejo de la Judicatura ejerciendo sus competencias exclusivas evalúo”, acotó.

La Comisión recibió el testimonio de Francisco Endara Daza, quien fue sentenciado por terrorismo y sabotaje durante los hechos del 30 de septiembre del 2010, y denunció que en la etapa de casación los jueces le cambiaron el delito por el cual era procesado. “Eso no se puede hacer”, admitió Fausto Jarrín, exasambleísta de Unes.

Jarrín matizó que ninguno de los jueces evaluados y cesados fueron designados a dedo, sino mediante concursos. “El problema es a quiénes pusieron”, anotó.

El exasambleísta Cléver Jiménez se presentó como un perseguido político del Gobierno de Rafael Correa, que fue despojado de su curul a menos de un año de iniciar su mandato.

Recordó que que la jueza Lucy Blacio, sin pedir la autorización al Parlamento ecuatoriano, se le siguió un proceso que culminó en una sentencia y salida como asambleísta.

Jiménez recordó que hubo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Correa dispuso incumplir a los jueces en una de sus sabatinas.

El constitucionalista Xavier Palacios Abad recordó que el exsecretario jurídico de Correa, Alexis Mera, incluso mediante un oficio reservado amenazó con la destitución a los jueces para que no se de paso a ninguna acción de protección en contra del Estado.

 

 

 

El Comercio