Opinión

Evaluación Sí, Pero con Parámetros Republicanos.

Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

La reciente adopción de una tabla de calificación para regular el acceso de periodistas y medios a las instalaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha abierto un debate que no puede trivializarse.

No se trata de un simple asunto administrativo: estamos frente a una decisión que roza principios fundamentales del orden republicano.

En toda democracia constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son entes autónomos en lo político; son instituciones subordinadas al poder civil, financiadas por los ciudadanos y titulares del monopolio legítimo del uso de la fuerza.

Esa triple condición —subordinación, financiación pública y poder armado— obliga a un estándar superior de transparencia y escrutinio.

I. El límite entre organización y discriminación

Regular el acceso a instalaciones militares por razones logísticas o de seguridad es legítimo.
Condicionar ese acceso por afinidades editoriales, simpatías o desafectos constituye una desviación de poder.

Cuando el criterio deja de ser técnico y pasa a ser subjetivo, la institución se expone a ser percibida como árbitro ideológico, algo incompatible con su rol constitucional.

La Fuerza Pública no puede seleccionar qué crítica le resulta cómoda. Está obligada a tolerar la fiscalización, aun cuando esta sea incómoda o severa.

II. El principio de reciprocidad institucional
Si se adopta un modelo de calificación externa, con mayor razón debe fortalecerse la evaluación interna bajo parámetros objetivos y verificables:

-Resultados operacionales medibles.
-Indicadores de reducción del delito.
-Eficiencia en el uso de recursos públicos.
-Control disciplinario efectivo.
-Transparencia patrimonial.
-Evaluaciones periódicas de desempeño estratégico.

No se trata de etiquetas moralizantes ni de linchamientos mediáticos. Se trata de institucionalizar métricas claras que eviten el deterioro progresivo que puede derivar en ineficiencia o, peor aún, en infiltraciones criminales.

En contextos donde el crimen organizado ha penetrado economías estratégicas —minería, combustibles, puertos, rutas aéreas y terrestres— la excelencia en la conducción no es un lujo, es una necesidad de supervivencia estatal.

III. La naturaleza del poder armado
El monopolio legítimo de la fuerza no es un privilegio corporativo; es una delegación condicionada por la ley y por la confianza social.

Cuando esa delegación se ejerce con transparencia y resultados, la legitimidad se fortalece.
Cuando se percibe arbitrariedad u opacidad, se erosiona.
Por ello, cualquier sistema de evaluación debe cumplir tres requisitos:
-Legalidad: Fundamento normativo claro.
-Objetividad: Criterios técnicos verificables.
-Publicidad razonable: Transparencia compatible con la seguridad operativa.

Sin esos pilares, la evaluación deja de ser institucional y se convierte en instrumento discrecional.

IV. Defensa institucional no es inmunidad al escrutinio
Respaldar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional no implica blindarlas frente a la crítica.

La disciplina interna no es incompatible con el control externo; lo complementa.
Las instituciones fuertes no temen la supervisión: la incorporan como parte de su profesionalización.

En un Estado de Derecho, evaluar no es censurar.
Pero censurar bajo el nombre de evaluación sí es un riesgo que debe evitarse.

El debate no debe centrarse en confrontaciones, sino en estándares.
No en afectos personales, sino en principios republicanos.
Porque cuando el poder armado se rige por reglas claras, la República se fortalece.

Semper Fi — pero siempre dentro del marco constitucional.