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Evaluación a fiscales provoca pugna entre Fiscalía y Consejo de la Judicatura

La Fiscalía General decidió no continuar participando de las mesas de trabajo con el Consejo de la Judicatura (CJ) debido a discrepancias en el desarrollo de la evaluación a fiscales a escala nacional.

La entidad investigadora dijo que “por un principio de transparencia, objetividad e igualdad” no seguirá participando de las mesas de trabajo “mientras el Consejo de la Judicatura no brinde las condiciones técnicas necesarias para desarrollar la evaluación y garantizar la participación de todos los agentes fiscales en los concursos convocados”.

Diana Salazar, titular de Fiscalía, dijo que la Judicatura revocó el proceso de evaluación a fiscales, que inició en el 2019, sin consultarle. Además, aseguró que esa nueva valoración “carece de transparencia”.

“El Consejo de la Judicatura insiste en aplicar una evaluación apresurada, carente de criterios técnicos y alejados de la realidad del fiscal evaluado y de esta Institución, lo cual vicia de subjetividad y discrecionalidad al proceso”, indicó la Judicatura.

Otro factor que ha generado pugna entre ambas instituciones ha sido el concurso para designar a fiscales provinciales, que lleva adelante la Judicatura.

Según Fiscalía, el concurso para la designación de fiscales provinciales es “improcedente, pues su desarrollo consideraría a un grupo limitado de agentes fiscales”.

Postura de la Judicatura
El 28 de marzo pasado, el Pleno de la Judicatura derogó y revocó los actos normativos y administrativos del proceso de evaluación de desempeño y productividad de los fiscales a escala nacional, que estaba en marcha desde el 2019.

Es decir, este organismo decidió arrancar de nuevo con el proceso de evaluación a los agentes fiscales del país.

Según el CJ, el proceso de evaluación a fiscales, que arrancó en el 2019, estaba “viciado”. “La decisión fue adoptada con base en los informes técnicos y jurídicos que determinaron que ese proceso presentó novedades e inconsistencias relacionadas con la información que la Fiscalía General entregó al Consejo de la Judicatura sobre los funcionarios a ser evaluados”.

Además, se habrían registraron incidentes en el sistema informático que la Fiscalía desarrolló para la evaluación. “Esos problemas técnicos no permitían la aplicación integral de la normativa establecida para el proceso”, señaló el CJ.

 

 

 

El Comercio