Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

Camarones, medicinas, puertos y la verdadera prueba de carácter de un Gobierno

Hay momentos en que la realidad política produce una revelación casi elemental: cuando se quiere, se puede.

El viaje del presidente Daniel Noboa por Asia acaba de ofrecer un ejemplo que merece ser analizado más allá de la fotografía diplomática.

Según lo anunciado, la gestión presidencial ante China habría contribuido a levantar las restricciones que afectaban a varias importantes empresas camaroneras ecuatorianas, observadas por las autoridades chinas debido a controles sanitarios relacionados, entre otros aspectos, con preservantes. El problema era real y tenía consecuencias económicas: China es el principal mercado del camarón ecuatoriano y las restricciones llegaron a afectar a numerosas plantas procesadoras.

Bien por los empresarios. Bien por el Ecuador.

Si la intervención directa del Presidente permitió acelerar una solución que podía significar pérdidas millonarias, empleo y afectación a uno de nuestros principales productos de exportación, habrá que reconocerlo.

Pero precisamente ahí aparece la pregunta incómoda:

¿Por qué cuando se trata de defender los intereses económicos de determinados sectores sí aparece la decisión, la gestión, la urgencia y la capacidad de destrabar problemas, mientras que frente a otros dramas nacionales pareciera que el Estado se paraliza entre informes, excusas, procedimientos y burocracia?

Porque mientras se gestionan soluciones en el exterior, miles de ecuatorianos continúan esperando medicamentos y atención oportuna en hospitales públicos.

Y aquí ya no estamos hablando de contenedores detenidos en una frontera comercial.

Estamos hablando de personas enfermas.

Estamos hablando de ciudadanos que no pueden esperar seis meses, un año o una reforma administrativa para recibir un medicamento.

Estamos hablando de vidas.

La velocidad para unos, la burocracia para otros

El Gobierno ha anunciado mecanismos para conseguir medicamentos directamente de otros países y reducir la dependencia de intermediarios. Incluso el propio Presidente ha señalado que ocho empresas habrían tenido una posición determinante en la formación de precios de medicamentos vendidos al Estado, aunque no identificó públicamente a esas compañías.

Entonces resulta inevitable preguntar:

Si el Estado sabe que existe un problema, si sabe que existen proveedores internacionales, si sabe que existen medicamentos que pueden adquirirse directamente, ¿por qué la solución tarda tanto?

Y cuando la explicación termina siendo que determinados documentos provenientes de la India necesitan traducción, la respuesta genera todavía más perplejidad.

India no es un país aislado del mundo.

Es una potencia farmacéutica, científica y tecnológica cuyos vínculos comerciales con el planeta se desarrollan fundamentalmente en inglés.

Por eso, si un documento necesita traducción jurídica o técnica para cumplir una formalidad ecuatoriana, que se traduzca. Pero que no se convierta una dificultad administrativa en una sentencia para el paciente que espera.

Desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal.

Excepto el ciudadano.

Coca Codo Sinclair: la memoria que no podemos borrar

Y mientras el Gobierno busca profundizar sus relaciones económicas con China, existe un asunto que no puede quedar debajo de la alfombra: Coca Codo Sinclair.

No porque haya que convertir toda relación con China en un problema geopolítico, sino porque ese proyecto constituye precisamente el ejemplo de por qué las relaciones internacionales deben estar acompañadas de una defensa firme de los intereses nacionales.

El caso Sinohydro llegó en 2026 a juicio contra 21 procesados. La Fiscalía sostiene que alrededor de la contratación de Coca Codo Sinclair habría existido una estructura de cohecho y que aproximadamente USD 76,1 millones habrían sido canalizados como pagos indebidos. Entre los procesados está el expresidente Lenín Moreno, quien niega las acusaciones.

Y aquí es indispensable ser rigurosos: nadie debe ser condenado por un artículo de opinión; corresponde a los jueces determinar responsabilidades.

Pero tampoco podemos actuar como si nada hubiera ocurrido.

Coca Codo Sinclair no es cualquier obra.

Es una infraestructura estratégica del país, construida con financiamiento chino, con problemas técnicos ampliamente documentados y que hoy vuelve a estar en el centro de discusiones sobre su operación y futuro.

Por eso, cualquier negociación futura con China debe hacerse desde una posición de dignidad, transparencia y defensa del interés nacional.

La amistad entre Estados no puede significar amnesia.

Los puertos: donde la ingenuidad puede convertirse en complicidad

Hay otro asunto todavía más delicado: nuestros puertos.

Ecuador no puede combatir seriamente al crimen organizado si no controla de manera rigurosa los puntos por donde entran y salen mercancías, drogas, armas, precursores y dinero.

El Código PBIP —la versión española del Código ISPS de la Organización Marítima Internacional— no es un adorno administrativo. Es un régimen internacional obligatorio de protección marítima que establece evaluaciones de riesgo, planes de seguridad, controles de acceso, vigilancia y medidas para impedir que sustancias peligrosas o no autorizadas ingresen a las instalaciones portuarias o a los buques.

Por eso, la discusión no debería reducirse a si hay que militarizar o no un puerto.

La pregunta correcta es otra:

¿Quién controla realmente nuestros puertos?

¿Quién controla los accesos?

¿Quién inspecciona?

¿Quién conoce la trazabilidad de un contenedor?

¿Quién controla a los funcionarios encargados de controlar?

¿Quién investiga el patrimonio de quienes inexplicablemente se enriquecen mientras trabajan en áreas sensibles?

Porque el crimen organizado no necesita conquistar un puerto completo.

Le basta con comprar unas cuantas voluntades.

Y ahí está probablemente una de las mayores vulnerabilidades del Estado.

El dinero que no se recauda

Se ha hablado durante años de que el contrabando mueve cifras gigantescas en Ecuador. Algunas estimaciones colocan ese mercado ilegal en varios miles de millones de dólares.

Si una fracción importante de ese dinero pudiera recuperarse mediante controles aduaneros, portuarios, tributarios y financieros eficaces, estaríamos hablando de una fuente extraordinaria de recursos para el Estado.

Dinero que podría financiar hospitales.

Medicinas.

Escuelas.

Infraestructura.

Seguridad.

Empleo.

Y, sobre todo, dinero que no tendría que salir del bolsillo del ciudadano mediante más impuestos o endeudamiento.

Aquí aparece otra paradoja.

El Estado busca recursos.

El Estado necesita recursos.

El Estado se endeuda.

Pero simultáneamente existen enormes flujos económicos ilegales que atraviesan nuestras fronteras y nuestros sistemas comerciales.

Entonces la pregunta vuelve a ser la misma:

¿Dónde está la voluntad para cortar las uñas?

No se necesita una guerra contra todos

Y aquí está quizá el punto más importante.

Combatir la corrupción no significa necesariamente desplegar violencia extrema.

No se necesita poner en riesgo inútilmente la vida de soldados o policías.

Se necesita inteligencia.

Auditoría patrimonial.

Control financiero.

UAFE.

SRI.

Aduanas.

Fiscalía.

Jueces independientes.

Investigación de redes.

Control de puertos y aeropuertos.

Trazabilidad de mercancías.

Rotación de funcionarios en puestos sensibles.

Tecnología.

Información compartida.

Y, sobre todo, decisión política.

El Estado tiene instrumentos suficientes para hacerle la vida imposible al corrupto sin convertir cada operación anticorrupción en un espectáculo militar.

Asia ofrece una lección, pero no para copiarla ciegamente

Quizá el Presidente debería mirar más allá de las fotografías de sus viajes asiáticos.

Singapur no construyó su transformación únicamente con discursos.

Lee Kuan Yew hizo de la disciplina institucional, la eficiencia administrativa, la lucha contra la corrupción y la exigencia de resultados elementos centrales de la construcción del Estado singapurense.

China, Vietnam y otros países asiáticos tienen modelos políticos diferentes y no todos son trasladables a Ecuador. Tampoco debemos copiar métodos autoritarios ni justificar la pena de muerte como solución universal.

Pero sí podemos aprender una cosa:

un Estado que funciona no puede convertirse en rehén de sus propias excusas.

Eureka

Tal vez esta sea la verdadera enseñanza del viaje presidencial.

Si el Presidente pudo sentarse con autoridades extranjeras y buscar una solución para empresas ecuatorianas afectadas por restricciones comerciales, también puede sentarse con sus ministros, autoridades de salud, Fiscalía, Aduanas, Fuerzas Armadas, Policía y organismos de control y exigir soluciones para los problemas que están dentro de nuestra propia casa.

Si se puede destrabar un problema empresarial, se puede destrabar la compra de medicamentos.

Si se puede negociar con China, se puede negociar con proveedores internacionales.

Si se puede organizar un aparato de seguridad para proteger determinadas instalaciones, se puede fortalecer el control de puertos y aeropuertos.

Si se puede rastrear dinero en investigaciones internacionales, se puede rastrear el dinero de la corrupción doméstica.

Si se puede perseguir al narcotraficante, se puede perseguir al funcionario que le abre la puerta.

Y si se puede encontrar una solución cuando existe voluntad política, entonces dejemos de aceptar la explicación de que “no se puede”.

Porque quizá la palabra que faltaba no era una nueva ley, un nuevo decreto, otro plan o una nueva comisión.

Era simplemente:

EUREKA.

Cuando se quiere, se puede.

Y un Presidente que acaba de comprobarlo en Asia debería utilizar esa misma determinación para resolver los problemas que están aquí, en Ecuador, frente a nuestros propios ojos.

Porque los empresarios necesitan que el Estado defienda sus mercados.

Pero los enfermos necesitan algo todavía más elemental:

que el Estado defienda sus vidas.

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