De los 53 estudiantes del Colegio Mejía solo 28 ya tienen abogados. Cuatro jurídicos del Colegio de Abogados de Pichincha los defenderán de manera gratuita.

Para la defensa de los jóvenes, Realpe adelantó que se están preparando  dos recursos: una acción constitucional de hábeas corpus y una apelación a la prisión preventiva a fin de evitar la condena de los estudiantes.

Los hoy detenidos, tendrán la audiencia de juzgamiento el próximo lunes, luego de protagonizar supuestos desmanes durante la marcha de apoyo al Gobierno realizada en Quito la semana pasada.

Ante esto, los padres de familia aclaran que sus hijos son inocentes frente a las acusaciones, por lo que piden la intervención de la cruz roja, pues, aseguran que sus hijos fueron los que sufrieron las agresiones. Incluso solicitaron indultos.

Sobre este pedido el presidente de Ecuador, Rafael Correa, rechazó el pedido y manifestó a través cuenta de Twitter @MashiRafael: “Si quieren pedir perdón, pídanselo a la ciudadanía, y especialmente a la familia de las decenas de policías heridos, dos de ellos de gravedad”.

Continuó: ‘Como siempre, el “malo” soy yo’.  Todos los 53 detenidos son mayores de edad, 30% no son estudiantes sino infiltrados, y están siendo juzgados en unidades de flagrancia, gracias a la nueva justicia. El presidente no tiene nada que ver”.

Luego de conocerse la postura del presidente Correa, Mauricio Chiluisa, titular dela Federación de Estudiantes Secundarios (FESE), anunció nuevas movilizaciones en apoyo a los estudiantes hoy detenidos “Nuestros compañeros  fueron maltratados, golpeados por los policías y están incomunicados”

A su vez rechazó las medidas represivas contra el movimiento estudiantil por parte del Gobierno, por lo que advirtió que “no van a callar nuestra voz”.

En apoyo a  Chiluisa, Francisco Rojas, presidente de la Asociación de Profesores del Colegio Mejía, denunció que los supuestos materiales explosivos habrían sido colocados por funcionarios del régimen.

Por su parte, José Serrano, Ministro del Interior  aseguró que se encontraron volantes opositores al Gobierno, y material de bombas molotov dentro de la sala de profesores de la Institución.

Tras los desmanes del 17 de septiembre, Rojas asegura se “ha mancillado  mi honor  y se ha deshonrado el buen trato que doy a mis alumnos”, es por esto que pidió al Gobierno el derecho a la réplica (VBF/La Nación).