Opinión

Éste es el Decreto que en la actual situación requiere el Ecuador.

Orlando Amores Terán/Quito

 

 

No ambigüedades.

 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

MOTIVACIÓN

En el 2008 desde la instauración del narcoestado, en la «Constituyente» de Montecristi, la penetración al país, de grupos hostiles, vinculados al narcoterrorismo internacional, autodenominado socialismo del s.XXI se facilita, porque se sometió al país a legislación diseñada para favorecer el delito y proteger criminales. Desmantelaron el Servicio Secreto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Abrieron las fronteras al hampa y al terrorismo.

Permitieron ingresar a Ecuador, sin visa, ni pasado judicial.

Establecieron el sufragio de extranjeros.

En el 2009 retiraron la Base de Manta. Eliminaron la UIES. Suprimieron el GAO.

Desarticularon operaciones contra el narcotráfico y la subversión.

En el 2010 desarmaron los sistemas de Inteligencia del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional.

En el 2011 desfinanciaron al IESS, ISSFA, ISSPOL.

En el 2012 impusieron a través del Código Orgánico Integral Penal, el garantismo, para proteger al hampa común y política. Prohibieron el porte de armas a la población civil, dejándola inerme, a merced de asesinos, violadores, ladrones, secuestradores, extorsionadores.

La estrecha vinculación del narcoterrorismo con el hampa política se devela con los acontecimientos terroristas de octubre 2019, cuyos actores generaron terror por medio de saqueo, vandalismo, incendiaron instalaciones públicas, para destruir documentación que incriminaba al hampa política; no obstante, fueron amnistiados por asambleístas siniestros, antipatria.

Es evidente que el territorio ecuatoriano está sometido a actos de violencia indiscriminada, que han cobrado la vida de más de 6.611 personas asesinadas, sin contar las masacres en las cárceles.

La actividad terrorista ha expuesto al pueblo ecuatoriano al vandalismo, que volvió a manifestarse en junio 2022, al asesinato, a la extorsión, al secuestro, a la sustracción de sus bienes, al impedimento de transitar libremente, de negociar, a través de actos que generan terror, provocados por organizaciones armadas, vinculadas al narcoterrorismo internacional.

La agresión territorial, consiste en la presencia invasiva de sujetos hostiles, nacionales y extranjeros, que controlan segmentos territoriales relevantes del país, con absoluta impunidad, prevalidos de sus contactos con el hampa política, creando franjas «liberadas» de la presencia estatal, «santuarios», para la ejecución de sus actividades terroristas.

CONSIDERANDO

Que los numerales 1, 3, 8 del artículo 3 de la Carta Chávez preceptúan que es deber primordial del Estado, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la «Constitución».

Que es deber primordial del Estado garantizar y defender la soberanía nacional.

Que es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a la seguridad integral.

Que los literales a y b, del numeral 3, correspondiente al artículo 66 ibídem, determinan que el derecho a la integridad personal incluye la integridad física, psíquica, moral, sexual y una vida libre de violencia.

Que los numerales 14, 15, 16, 17, 20 y 26 del artículo 66 de la norma citada, establecen que es deber del Estado garantizar a los ciudadanos el derecho a transitar libremente por el territorio nacional; a escoger su residencia; a desarrollar actividades económicas; a la libertad de contratación; a la libertad de trabajo; a la intimidad personal y familiar; a la propiedad.

Que el artículo 366 del Código Integral Penal define como terrorismo: «La persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de la libertad de diez a trece años…»

Que el numeral 9 del artículo 11 de la Carta Chávez prescribe que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la «Constitución».

Que el numeral 7 del artículo 83 ibídem insituye como deber y responsabilidad de todo ecuatoriano, promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular.

Que la Convención Interamericana contra el terrorismo, de la cual Ecuador es adherente, tiene por objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo.

DECRETA

Artículo primero. – Reconocer que existe una estructura jurídica de narcoestado, consistente en legislación proclive a favorecer el delito y proteger a criminales, a los terroristas, siendo el tráfico de narcóticos el delito de mayor incidencia.

Artículo segundo. – Admitir que en Ecuador la actividad terrorista, cuya fuente de financiamiento es el tráfico de personas, órganos humanos, divisas, equipos, documentos y narcóticos; ha subyugado al pueblo al asesinato, la extorsión, el secuestro, el vandalismo; en consecuencia, le ha privado de su libertad.

Artículo tercero. – Declarar al hampa política responsable de la destrucción moral y económica del país, porque prima en sus actos, el beneficio personal, la prebenda estatal, el negocio con los bienes nacionales, apartándose de toda consideración patriótica.

Artículo cuarto. – Identificar a las organizaciones criminales, como el brazo armado del narcoterrorismo internacional, autodenominado socialismo del s.XXI, estrechamente vinculado al hampa política.

Artículo quinto. – Declarar a todas las organizaciones criminales de acuerdo a la nómina emitida por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, como narcoterroristas.

Artículo sexto. – Instaurar guerra interna contra el narcoterrorismo.

Artículo séptimo. – Disponer a la fuerza pública del Ecuador, conformada por el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional, la ejecución urgente de operaciones militares y policiales con empleo de todo el armamento letal necesario, hasta erradicar de nuestro territorio el narcoterrorismo y recuperar su control militar y policial, total, neutralizando todo tipo de resistencia.

Artículo octavo.- Disponer al Consejo Nacional Electoral que convoque a Consulta Popular con la siguiente pregunta: ¿Autoriza y ordena usted: eliminar la Función de Transparencia y Control Social; la Función Electoral; el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; el Consejo Nacional Electoral, reemplazándolo por Tribunal Supremo Electoral; la Asamblea Nacional, sustituyéndola por Congreso Nacional bicameral integrado por 24 senadores y 51 diputados; trasladar a la Cámara de Senadores, las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminado; el modo como se designa el Consejo de la Judicatura; y las regiones, de la división territorial? SI NO.

Artículo noveno. – Asumir la total responsabilidad política de la guerra interna contra el narcoterrorismo.

Disponer que el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los comandantes generales de Fuerza y de Policía Nacional, se encarguen de la ejecución del presente Decreto que entra de inmediato en vigencia, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, a los nueve días del mes de enero de 2024.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR