En solo 5 meses, el número de denuncias recibidas por la Superintendencia de Bancos subió de 2 a 43 mensuales.

La actual situación, con pérdida de ingresos y fuentes de empleo, hace que un número creciente de ecuatorianos tenga mayores probabilidades de caer en falsas ofertas de créditos y otros servicios financieros.

Ruth Arregui, superintendenta de Bancos y Seguros, explicó que ha crecido de manera alarmante las denuncias recibidas por ese tipo de estafas.

En junio se registraron 2, en julio pasó a 7, en agosto se escaló a 22, en septiembre se llegó a 30 y en octubre se cerró con 43. Hasta el último corte disponible, esas denuncias se multiplicaron 51 veces y, en solo cinco meses, totalizaron 104.

Solución ante el fraude

Entre marzo 2019 y octubre 2020, la superintendencia ha detectado y alertado sobre las operaciones de 23 supuestas empresas que ofrecen productos que, en el 98% de los casos, son créditos fraudulentos. Sin embargo, en la web oficial de la entidad de control se puede consultar un listado de 88 de esas instituciones falsas.

Lucía Pérez, experta financiera, comentó que las denuncias formales son solo la “punta del iceberg”, por lo que es necesario que se eduque a la ciudadanía para que se proteja de posibles perjuicios.

“Hay casos donde han llegado a entregar entre $300 y $500 por créditos que nunca se concretaron. Eso representa una pérdida enorme para familias que buscan financiamiento para pequeños emprendimientos o el pago urgente de deudas”, añadió.

Hay que denunciar

La Superintendencia de Bancos recibe denuncias sobre la operación de estas entidades no autorizadas, a través de la Dirección Nacional de Atención y Educación al Ciudadano (DNAE). Hay varios canales no presenciales, como el WhatsApp institucional 0984863621; el correo electrónico atencionquito2@superbancos.gob.ec y las redes sociales: Twitter y Facebook.

La documentación que se solicita incluye: denuncia firmada por parte del usuario financiero; copia de la cédula de identidad; copia de los comprobantes de depósito (en caso de haber llegado a depositar dinero); copias de los certificados que hayan emitido las entidades falsas; capturas de pantalla de conversaciones y mensajes; capturas o fotos de publicidad engañosa.

Una vez que se recepta la información, y se construye un expediente, todo se remite al área jurídica para su revisión y análisis para su posterior envío a la Fiscalía General del Estado. (JS)

Fuente: La Hora