Internacional

Escándalo por espionaje sacude recta final de la campaña argentina

La denuncia fue presentada el martes por las diputadas opositoras Laura Alonso y Patricia Bullrich, del bloque conservador Unión Pro, y ya es objeto de investigación por parte de la justicia.

BUENOS AIRES.  Un escándalo por denuncias de espionaje a políticos opositores, empresarios, periodistas, jueces y artistas críticos con el Gobierno de Cristina Fernández sacudió hoy el clima político en Argentina en vísperas del cierre de la campaña para las elecciones presidenciales del domingo.

La denuncia fue presentada el martes por las diputadas opositoras Laura Alonso y Patricia Bullrich, del bloque conservador Unión Pro, y ya es objeto de investigación por parte de la justicia.

El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, calificó de “invento” la acción contra el Gobierno y los servicios de inteligencia y aseguró que el Gobierno no tiene nada que ver con el asunto.

Entre los espiados, según Alonso y Bullrich, hay cuatro candidatos opositores a la Presidencia: el conservador Mauricio Macri, líder del Pro; los peronistas disidentes Sergio Massa y Adolfo Rodríguez Saá y la progresista Margarita Stolbizer.

La causa recayó en el juez federal Sebastián Casanello, quien abrió una investigación bajo secreto de sumario y esta madrugada ordenó medidas para obtener más información.

Casanello admitió su sorpresa “por la difusión pública, porque el hermetismo inicial de cualquier causa es crucial para el éxito de la investigación”.

“Se olvidan hablar que el líder de su propia fuerza política, que es Mauricio Macri, está procesado por escuchas ilegales”, indicó hoy Aníbal Fernández en referencia a las denunciantes.

“No lo hicimos, no lo hacemos, ni lo vamos a hacer”, dijo, por su parte, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Óscar Parrilli.

El escándalo se ha metido de lleno en la recta final de la campaña para las presidenciales del domingo.

Macri, candidato por la coalición opositora Cambiemos, sostuvo que “el kirchnerismo usa los servicios de inteligencia por obsesión”.

“Quieren saber qué dicen los periodistas, jueces o políticos en vez de ocuparse del terrorismo, la trata y el narcotráfico”, dijo a medios locales.

“Que se dediquen a hacerme toda la inteligencia que quieran. Tengo lo que tengo, no les tengo miedo”, aseguró Massa, candidato del frente Unidos por una Nueva Alternativa.

“Esperamos que la Justicia investigue un hecho tan grave”, añadió Stolbizer.

El candidato presidencial por el gobernante Frente para la Victoria y favorito en los sondeos, Daniel Scioli, buscó marcar distancia de la polémica y advirtió que “nunca” va a “avalar o promover ningún tipo de espionaje interno”.

“Será la Justicia la que dé la respuesta a los interrogantes que puede haber”, agregó el aspirante kirchnerista.

Además de los candidatos presidenciales, el espionaje habría alcanzado a otros opositores como Gabriela Michetti, candidata a vicepresidenta en la lista de Macri, y Felipe Solá, aspirante a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires por el frente que lidera Massa.

También a miembros de la Corte Suprema de Justicia y periodistas de medios críticos con el Gobierno, como Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, Jorge Lanata y Luis Majul.

Los servicios de inteligencia en Argentina quedaron bajo la lupa tras la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que investigaba el atentado contra la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.

Nisman fue encontrado con un tiro en la cabeza en su domicilio el pasado enero, apenas unos días después de denunciar a la presidenta, Cristina Fernández, por encubrimiento terrorista.

El Gobierno relacionó entonces su muerte con una guerra interna en los servicios de Inteligencia y la presidenta disolvió la antigua Secretaría de Inteligencia y creó una agencia federal para asumir sus funciones.

Para Alonso, la existencia de una lista con personalidades espiadas “demuestra que el cambio de nombre de la Secretaría de Inteligencia (SI) por Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue maquillaje”.

En Argentina, la ley de Inteligencia prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos “sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales”, así como por la actividad lícita “que desarrollen en cualquier esfera de acción”. (Efe/ La Nación)