Actualidad

En el 2023 llegaron al Tribunal Contencioso Electoral siete denuncias de violencia política de género, pero ninguna tiene sentencia

Cuando se cuestiona a una mujer que ejerce la política o está en cargos públicos por su vida personal, por su aspecto físico, se deja de lado su rol y se la señala por falta de méritos y haber obtenido cargos o haber sido electa gracias a sus relaciones con hombres, se está ejerciendo violencia política de género, dice Mónica Banegas, directora del Observatorio de Participación Política de la Mujer en Ecuador.

Estas prácticas no son ajenas para las mujeres políticas en Ecuador y se presentan tanto fuera como dentro de las organizaciones a las que pertenecen y aumentan durante los procesos electorales, como ocurrió en los dos últimos que tuvo el país este 2023.

La violencia crece aun más cuando las mujeres comienzan a ejercer sus cargos o funciones o persisten incluso cuando los han dejado, dicen activistas y cuentan que las denuncias no siempre se presentan sea por miedo o por desconfianza en las instituciones del Estado.

Banegas dice que mientras más participación de mujeres haya en la política, más aumentará la violencia política de género e incluye también a activistas, periodistas, defensoras de derechos, que son objeto de violencia. Aunque refiere que el que exista participación no garantiza que sean electas.

“Aún es poca la posibilidad que tienen las mujeres de ser electas cuando se elige a un cargo unipersonal, como alcaldes o prefectos, normalmente se elige a un hombre y las mujeres siguen ocupando espacios secundarios. Veamos las cifras, de 23 prefecturas apenas 7 son mujeres y lo de los 221 municipios, apenas 42 los ganaron mujeres. Es más factible cuando se trata de elecciones pluripersonales y hablamos de concejales y asambleístas”, subraya.

Sin embargo, destaca que, pese a esta situación, Ecuador, junto con México y Bolivia, cuenta con normativa electoral que visibiliza y sanciona la violencia política de género, como los artículos 279 y 280 del Código de la Democracia, en el que se establecen las causales para determinar cuando una mujer va a experimentar esta violencia.

Además explica que es el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el que recepta las denuncias y dicta las sanciones, que son una docena hasta ahora con casos relevantes que han terminado en pedidos de disculpas públicas, pago de multas y hasta destituciones en tres alcaldías y un gobierno parroquial, las que han sentado un precedente.

Ana Karen Gómez, abogada de la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA), dice que la organización lleva el recuento de siete denuncias por presunta violencia política de género que han sido presentadas ante el TCE en lo que va del 2023 por afiliadas o adherentes a organizaciones políticas, mujeres en cargos de representación popular y designación e incluso por la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, contra un periodista por un artículo de opinión.

Ninguna de las denuncias presentadas tiene una sentencia ejecutoriada al día de hoy, cuenta Gómez, y desde varios sectores llaman a la reflexión sobre el mal uso que se les puede dar a luchas legítimas.

Las elecciones generales anticipadas de agosto y octubre de este año fueron monitoreadas por la Misión de Observación Electoral de la OEA, que dice en su reporte final que las agresiones hacia las mujeres tienden a menospreciar, minimizar o cuestionar la capacidad que tendrían en sus cargos.

“La MOE/OEA observó que la única candidata presidencial, Luisa González, recibió cuestionamientos sobre su capacidad para gobernar por el hecho de ser madre soltera y haber terminado tarde la secundaria. También fue agredida con comentarios sexistas, además de ser sexualizada. Otras candidatas, incluyendo candidatas a la Vicepresidencia, también fueron víctimas de agresiones en las redes sociales y se identificaron casos donde la pareja de un candidato presidencial fue sexualizada y comparada a una otra candidata”, recoge el informe.

“Hacer política es un reto para las mujeres”

Gómez dice que anivel general es importante que las máximas autoridades tengan un real entendimiento de este tipo de violencia que permita dejar de normalizarla en los espacios públicos y electorales. También considera necesario una real perspectiva de género en los operadores de justicia electoral.

“Debemos recordar que tanto autoridades del CNE como del TCE están prorrogadas en funciones y que una de las obligaciones del CPCCS es realizar esos concursos para las renovaciones parciales. En el caso del TCE la renovación debería incluir normas que garanticen la paridad en el pleno, ya que actualmente una sola jueza lo conforma de entre principales y suplentes”, refiere.

Asimismo, cualquier análisis de la violencia política de género debe partir desde que el país consta dentro del ranking de los diez países con mayor presencia de crimen organizado, según el índice global publicado por Global Initiative.

“Hacer política se ha convertido en una sentencia; hacer política para las mujeres muchas veces tiene consecuencias sobre sus vidas personales de carácter irreparable, es necesario que dentro de las organizaciones políticas se adopten mecanismos para sancionar la violencia de manera interna; pero también es necesario que las autoridades se tomen con seriedad su trabajo, que se recupere la institucionalidad y el respeto a las normas, asumir cada persona la responsabilidad que tiene para construir un país justo, equitativo y paritario”, opina.

Violencia política se ejerce también en línea

Por su parte, la Corporación Participación Ciudadana hace un llamado a rechazar este tipo de prácticas y alerta del riesgo que supone también el tipo de violencia política en línea.

Desde el 1 diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2023 se han registrado 16.794 publicaciones en X (antes Twitter), con 1.125 expresiones con contenido discriminatorio y 3.030 frases del mismo tipo. Estas se han dirigido a mujeres políticas y que desempeñan cargos de relevancia.

El organismo subraya que “la violencia política constituye uno de los elementos más graves que desincentiva la participación política de las mujeres” y dice que “para combatir esta práctica es necesario visibilizarla”.

El informe refiere que las diez expresiones más utilizadas contra las mujeres en X son: corrupta, utilizada 1.078 veces; sinvergüenza, 1.010 veces; asesina, 475 veces; vieja, en 446 ocasiones; rata, 368 veces; cínica, en 367 ocasiones; ladrona, 367 veces; inepta, 363 veces; ridícula, usada 303 veces; y, mentirosa, en 263 ocasiones.

Protocolo para la prevención de la violencia política de género en partidos

Para contrarrestar la violencia política de género, el CNE recibió la propuesta del Protocolo de actuación de las organizaciones políticas para la prevención de la violencia política de género y la protección a las mujeres que hacen vida política activa, por parte de ONU Mujeres y el Centro de Planificación y Estudios Sociales (Ceplaes).

El observatorio que preside Banegas fue parte de las organizaciones que elaboraron el protocolo.

Este protocolo sugiere aspectos como que los partidos políticos deberán contar con unidad especializada en asuntos de igualdad de género y garantizar la denuncia y el acceso a la justicia.

Según las organizaciones, Ecuador aún tiene un déficit en relación con otros países de la región en torno a la prevención y sanción de la VPG contra las mujeres tanto a nivel de normativo como de procedimientos efectivos y directrices de la entidad electoral hacia las organizaciones políticas, principales espacios en los cuales se producen hechos de violencia política.

Fuente: KCH