Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

 

Hay momentos en la vida de una nación en que el ruido deja de ser una consecuencia de la confrontación política para convertirse en un método de ejercicio del poder. Cuando ello ocurre, la verdad pierde importancia, las instituciones se debilitan y la ciudadanía termina atrapada entre el escándalo, la confusión y el desencanto.

Parecería que esa es la realidad que hoy vivimos.

Con demasiada frecuencia, cuando un funcionario denuncia a otro por el presunto cometimiento de una irregularidad, el aludido no responde desvirtuando los hechos ni sometiéndose a una investigación transparente. La respuesta consiste en acusar al denunciante de faltas aún mayores, recordar sus supuestos vínculos con personas cuestionadas o sacar a relucir episodios ajenos al caso denunciado.

Así, el debate deja de girar alrededor de la verdad para convertirse en una competencia por quién grita más fuerte.

El resultado es devastador. El escándalo sustituye a la justicia; una denuncia termina enterrando a otra; la opinión pública se distrae con nuevas controversias mientras las anteriores desaparecen sin responsables ni sanciones. La corrupción encuentra entonces su mejor aliado: el olvido.

La consecuencia es una profunda erosión de la confianza ciudadana. Muchas veces terminamos observando cómo personas cuestionadas alcanzan cargos de enorme responsabilidad como asambleístas, ministros, alcaldes o incluso la Presidencia de la República, mientras las instituciones encargadas de investigar y sancionar parecen actuar con una preocupante lentitud o permanecen en silencio.

En un Estado constitucional de derecho, los ciudadanos tenemos no solo el derecho sino la obligación de exigir que las instituciones llamadas a garantizar la Constitución ejerzan plenamente sus competencias. Cuando ello no ocurre, crece la percepción de que determinadas libertades —la participación política, la libertad de expresión, el derecho a la defensa, el libre ejercicio profesional y otras garantías fundamentales— pueden verse restringidas o debilitadas, mientras una sola fuerza política concentra cada vez más espacios de poder.

Especial preocupación merece el papel de la Corte Constitucional. Desde la salida de uno de sus integrantes, hoy vinculado al Ejecutivo, muchos ciudadanos perciben una institución silenciosa frente a diversas acciones de inconstitucionalidad cuya resolución continúa pendiente. Más allá de las razones jurídicas que puedan existir en cada caso, el prolongado silencio alimenta la incertidumbre y debilita la confianza en quien debe ser el máximo intérprete y garante de la Constitución.

Sin un árbitro constitucional fuerte e independiente, aumenta el riesgo de que el poder se concentre excesivamente y de que los controles propios de una democracia pierdan eficacia. Ninguna sociedad puede sentirse segura cuando el equilibrio entre las funciones del Estado comienza a deteriorarse.

Mientras tanto, los problemas reales del país permanecen sin solución suficiente. Persisten enormes desafíos en salud pública, educación, seguridad ciudadana, generación de empleo, inversión pública, control aduanero y administración de sectores estratégicos como el petróleo, la electricidad, la minería, el turismo, la agricultura y la vivienda.

Miles de ecuatorianos sobreviven entre el desempleo, la informalidad, la migración forzada o la presión constante de organizaciones criminales que encuentran terreno fértil allí donde el Estado pierde presencia.

Ese debería ser el centro del debate nacional. No el espectáculo permanente.

La democracia no puede reducirse a una sucesión interminable de acusaciones cruzadas mientras los verdaderos problemas permanecen intactos. Gobernar exige resultados; controlar exige independencia; administrar justicia exige valentía.

Como ciudadanos, no podemos resignarnos a que el ruido sustituya a la verdad ni el escándalo a las instituciones. La indiferencia termina convirtiéndose en la mejor aliada de quienes buscan perpetuar la impunidad.

La pregunta, entonces, ya no es únicamente qué futuro nos espera bajo un sistema que muchos perciben como profundamente deteriorado. La verdadera pregunta es otra:

¿Estamos dispuestos a recuperar el valor de las instituciones, exigir transparencia, defender la Constitución y asumir nuestra responsabilidad cívica antes de que el ruido termine por silenciar definitivamente a la República?

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