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El Prefecto de Cotopaxi es señalado como autor directo del delito de delincuencia organizada

El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, actualmente ejerce sus funciones en medio de una investigación por presuntos actos de corrupción. Luego de que la Fiscalía lo procesara a él y a otras nueve personas por el supuesto delito de delincuencia organizada, Guamán regresó a su oficina a trabajar.

La audiencia de formulación de cargos arrancó la noche del jueves 28 de julio del 2022 y se extendió hasta la madrugada de 29 de julio. Al finalizar la diligencia, él se dirigió a su despacho en las instalaciones de la Prefectura de Cotopaxi.

De hecho, ese día, a las 10:00, el Prefecto asistió en persona a la sesión del Consejo Provincial. Allí explicó que esta causa judicial obedece a una persecución política en su contra y negó ser responsable de los cargos que se le acusa.

Él se defenderá en libertad, pues la presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi le dictó medidas alternativas a la prisión, durante la audiencia de formulación de cargos. La jueza dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante una autoridad judicial.

El 1 de agosto del 2022 se conoció que Guamán no pedirá licencia mientras dure el proceso judicial. “Seguiré trabajando. Tenemos que cumplir la planificación de la obra pública, del tema social, ambiental y recursos hídricos. Seguiré ejerciendo la gestión pública en Cotopaxi”, indicó.

Detalles del proceso judicial
Según la fiscal del caso, Ruth Amoroso, los procesados conformaron un grupo de delincuencia organizada con el fin de cometer otros delitos como peculado y enriquecimiento ilícito.

La fiscal explicó a la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, Rosario Freire, que la presunta estructura criminal, conformada por funcionarios públicos y personas particulares, habría operado desde 2014 en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí.

Además, aseguró que los ahora imputados se aprovecharon de sus funciones para facilitar la obtención de contratos a empresas previamente definidas.

“A cambio de estos acuerdos, la presunta organización delictiva habría recibido beneficios económicos que, a su vez, se emplearían en la compra de bienes muebles e inmuebles en diferentes partes del país, a nombre de terceras personas”, indicó Amoroso.

Según las investigaciones, otra de las formas de operar era ordenar el descuento de sueldos a funcionarios de la Prefectura de Cotopaxi, “sin justificar el fin y el uso de ese dinero”. Esas acciones se habrían efectuado entre 2017 y 2019.

Roles de la presunta estructura delictiva
Las pesquisas señalan que Jorge Guamán habría ejercido la dirección y el mando de la presunta organización. Supuestamente se encargaba de aprobar y disponer todas las acciones delictivas. El resto de procesados eran quienes ejecutaban y coordinaban los direccionamientos de los contratos públicos, a cambio de beneficios económicos.

De hecho, la Fiscalía señaló a Guamán como autor directo del delito y al resto como coautores. El artículo 369 del Código Integral Penal (COIP) establece que la delincuencia organizada se configura cuando una persona, mediante acuerdo o concertación, forma un grupo estructurado de dos o más personas que financien, ejerzan el mando o planifiquen actividades de una organización delictiva.

El propósito es cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años y que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos. La pena que se establece a quien sea sentenciado por delincuencia organizada es de siete a 10 años de cárcel.

La postura del Prefecto de Cotopaxi
Guamán desmintió todas las acusaciones de Fiscalía. Asegura que él jamás ha operado una red de corrupción en Cotopaxi.

Además, señala que nunca direccionó contratos a empresas ni realizó compras con sobreprecios. También dice que no tiene nada que ocultar y por lo tanto respetará la investigación de Fiscalía y entregará toda la información requerida. Solo pide que la “investigación sea seria y que no se construya a partir de mentiras”.

Por su parte, su abogado también indicó que este proceso judicial obedece a una persecución política en contra de su cliente. Indicó que Fiscalía no tiene evidencias que demuestren su participación en el ilícito.

Las detenciones
La madrugada del 28 de junio de 2022, la Fiscalía y Policía ejecutaron 30 allanamientos en diferentes puntos de Cotopaxi.

En una de esas intervenciones, Guamán fue detenido en su domicilio. La Fiscalía también allanó su oficina, en la Prefectura.

Entre las evidencias recopiladas constan USD 10 900 en efectivo. Ese dinero fue hallado en el cajón del escritorio de la oficina de Guamán. Los agentes investigadores también se incautaron de documentos de contratación pública en las áreas de la Dirección Financiera, Contabilidad y Talento Humano de esa Prefectura.

Durante otros allanamientos se incautó más dinero. En total se decomisaron de USD 24 900 en efectivo.

Esos indicios fueron presentados durante la audiencia de formulación de cargos. Al finalizar esa diligencia, la jueza dispuso que Guamán y otra procesada se presenten todos los viernes en la Fiscalía de Cotopaxi, usen grillete electrónico y también tienen prohibido salir del país. A los otros ocho procesados, la magistrada sí les dictó prisión preventiva.

¿Quién es Jorge Guamán?
Él nació en la parroquia Pilaló, cantón Pujilí, en Cotopaxi, en abril de 1965. Tiene un título de licenciatura en Desarrollo Sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana.

Guamán fue diputado nacional por Cotopaxi, en el antiguo Congreso, de 2003 a 2007. Él también tiene trayectoria dentro del movimiento indígena.

Empezó como coordinador del Movimiento Pachakutik en 1997. Llegó a ser el primer presidente del Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador y fue también dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En 2014 fue electo como Prefecto de Cotopaxi. Fue reelecto en ese cargo en 2019. Ahora busca candidatizarse como alcalde de Latacunga.

 

 

El Comercio