Por: Yovana Cárdenas Lino
Desde Lima, Perú, para La Nación de Guayaquil, Ecuador.

 

Cada cambio de gobierno trae consigo una renovación de autoridades. Nuevos ministros, nuevos viceministros, nuevos asesores y, esta vez, también una nueva composición del Congreso con el retorno de la bicameralidad. Sobre el papel, el país tiene una oportunidad para corregir errores, fortalecer las instituciones y recuperar la confianza ciudadana. Pero la verdadera pregunta no es quiénes llegan, sino para qué llegan.

El servicio público no puede entenderse como una estación de paso ni como un premio político. Mucho menos como un espacio para asegurar estabilidad económica. Quien acepta un cargo en el Estado asume una obligación ética: poner sus conocimientos, su capacidad y su tiempo al servicio de la ciudadanía.

Existe la idea de que robar al Estado es únicamente apropiarse del dinero público. Sin embargo, hay formas menos visibles, pero igualmente dañinas, de perjudicar al país. También le roba al Perú quien ocupa un cargo sin producir resultados; quien elude decisiones por comodidad; quien convierte la función pública en una rutina sin compromiso; quien cobra un sueldo financiado por todos los peruanos sin ofrecer soluciones a los problemas que justifican su presencia en el Estado.

El costo de esa indiferencia no aparece en las portadas. Se refleja en hospitales que no terminan de construirse, escuelas que siguen deteriorándose, proyectos que nunca se ejecutan y ciudadanos que pierden la esperanza de que las instituciones respondan a sus necesidades.

Durante años hemos visto desfilar por distintos despachos a profesionales que cambian de escritorio, independientemente del gobierno de turno. No se trata de cuestionar la experiencia acumulada, sino de preguntarnos qué resultados concretos han dejado a su paso. La administración pública no puede convertirse en un circuito cerrado donde algunos simplemente rotan de oficina en oficina para seguir viviendo de los recursos del Estado.

Quienes defienden esta práctica suelen argumentar que «la experiencia se aprovecha donde se necesita». Es cierto. El Estado requiere profesionales preparados. Pero la experiencia solo tiene valor cuando está acompañada de vocación de servicio, capacidad de gestión y compromiso con el interés público. De lo contrario, la experiencia se convierte únicamente en permanencia.

Este desafío también interpela a quienes se identifican con las fuerzas progresistas y de izquierda. No basta con levantar las banderas de la justicia social o la defensa de los derechos. La ciudadanía exige coherencia entre el discurso y la práctica. Si quienes dicen representar el cambio terminan reproduciendo la inercia, el conformismo o la burocracia improductiva, terminan debilitando las causas que afirman defender.

La legitimidad del Estado no se construye con discursos ni con consignas. Se construye con trabajo, resultados y honestidad. Esa es la manera en que entiendo el servicio público. Porque la corrupción no empieza únicamente cuando alguien mete la mano a la caja; también comienza cuando un servidor público deja de servir y convierte el cargo en un beneficio personal.

Hoy que el Ejecutivo y el Congreso estrenan nuevos rostros, conviene recordar una verdad elemental: el mayor privilegio de un funcionario no es ocupar un despacho, sino tener la oportunidad de transformar la vida de millones de personas. Quien olvida esa responsabilidad no solo le falla al gobierno que lo nombró; le falla, sobre todo, al país.