Opinión

El nuevo SEIA

Por: Patricio Walker/ Chile

Hace algunos días, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley mediante el cual el Ejecutivo propuso una serie de ajustes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) haciéndose cargo de los principales cuestionamientos que generó la iniciativa presentada en julio del año pasado: la creación de macrozonas y la participación anticipada, diseñada con algunas rigideces que complejizaban su implementación y que podrían generar un efecto negativo en la definición de los proyectos.

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, expuso en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados los ejes de esta nueva iniciativa: ampliar los espacios de participación, descentralizar la toma de decisiones, aumentar el componente técnico en el SEIA y el acceso igualitario a la justicia en materia ambiental, entre otros elementos. Además, anunció que el gobierno iba a otorgar suma urgencia a su tramitación.

La iniciativa aborda una serie de materias que se complementan con el proyecto de ley pro inversión. Hay tres aspectos que me parecen destacables considerando que apuntan en el sentido de otorgar un mayor peso a las comunidades locales en la línea de fortalecer la descentralización en la toma de decisiones en materia ambiental. De una parte, la ampliación de la participación ciudadana a las Declaraciones de Impacto Ambiental, eliminando la exigencia de que el proyecto deba generar cargas ambientales, aspecto que ha sido ampliamente criticado por la comunidad académica.

Luego, la eliminación del Comité de Ministros y del recurso de reclamación administrativa, instancias jerárquicas que, en la práctica, radicaban en el nivel central una decisión que tiene impactos relevantes en las regiones de nuestro país. Finalmente, la creación de un recurso de reclamación general ante los tribunales ambientales, disponible para cualquier interesado, independiente que haya tomado parte en el proceso de evaluación.

Estos ajustes, si bien no son los únicos aspectos considerados en esta iniciativa legal, apuntan en el sentido de dotar de mayor legitimidad al SEIA y a las decisiones que se adoptan a través de este proceso de evaluación. Si los proyectos o actividades que se evalúan en el SEIA pueden generar impactos importantes en las regiones donde se ejecutan (o pretenden ejecutar), parece razonable acercar las decisiones a las personas afectadas.

Si bien es de esperar que la discusión parlamentaria enriquezca la iniciativa del Ejecutivo, estimo que existe un consenso transversal sobre la necesidad de modificar el SEIA, lo que debería traducirse en una gran oportunidad para generar los ajustes que le otorguen un mayor peso a las comunidades y a las regiones de nuestro país, que buscan ser cada día más protagonistas de su propio destino.