Dr. Jorge Norero González/Guayaquil.

 

Ahora resulta que la provincia del Guayas le adeudaría 900 millones de dólares a las concesionarias de las carreteras, según declaraciones de la prefecta Marcela Aguiñaga.

La explicación sería que la tarifa de un dólar por caseta de peaje no alcanza para cubrir el costosísimo mantenimiento de las vías.

Pero esta afirmación abre más preguntas que respuestas.

¿Cómo es posible que, después de décadas de concesiones, el resultado sea una deuda millonaria a favor de las concesionarias?

Si el modelo era tan eficiente como siempre se nos dijo, ¿por qué terminamos con carreteras de segundo orden, sin ampliaciones sustanciales y con un supuesto déficit gigantesco?

Durante años se nos vendió la idea de que las concesiones eran la solución perfecta: el sector privado se encargaba del mantenimiento, el Estado se liberaba de gastos y los usuarios pagaban un peaje razonable. Sin embargo, la realidad parece demostrar lo contrario.

Si hoy se afirma que el sistema generó un hueco de 900 millones, entonces el problema no es menor: estamos frente a un modelo que, en el mejor de los casos, fue mal diseñado; y en el peor, terminó convertido en un negocio extraordinario para pocos.

La pregunta inevitable es por qué el Gobierno Provincial del Guayas nunca diseñó un plan para asumir directamente la administración de estas carreteras, mejorar su mantenimiento y ampliar tramos estratégicos a cuatro carriles, como sí ha ocurrido en otras provincias o bajo concesiones más modernas del propio Estado.

Cuando durante décadas no se corrige un sistema que claramente no genera beneficios proporcionales para los ciudadanos, es legítimo pensar que hay gato encerrado.

Y en el Ecuador, cuando los números no cuadran, suele aparecer una palabra que todos conocen pero pocos quieren pronunciar: coimas.

Tampoco se menciona otro elemento clave: la construcción del Quinto Puente sobre el río Guayas afectaría directamente los ingresos del llamado puente alterno, concesionado a los mismos grupos que manejan gran parte de la red vial provincial. Un detalle que, curiosamente, rara vez se discute con transparencia.

Por eso, si el Gobierno Nacional decide revisar o incluso retirar la delegación vial al Gobierno Provincial, el debate no debería centrarse en disputas políticas, sino en una pregunta mucho más simple:

¿Quién defendió realmente los intereses de los ciudadanos durante todos estos años?

Porque cuando después de décadas de peajes terminamos hablando de deudas gigantescas, carreteras que no evolucionaron y concesiones eternas, lo que está en juego no es solo la eficiencia administrativa.

Lo que está en juego es la confianza pública.

Y esa, cuando se pierde, es mucho más difícil de recuperar que cualquier carretera.

Semper Fi