Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

 

En política, la percepción pública puede convertirse en una sanción moral cuando la justicia no esclarece oportunamente los hechos que generan indignación ciudadana.

Que una parte de la opinión pública haya comenzado a identificar al Ministro de Transporte y Obras Públicas como el «ministro PROGEN» refleja precisamente ese fenómeno. No constituye una sentencia judicial ni una prueba de responsabilidad, pero sí evidencia que el caso PROGEN continúa proyectando una sombra sobre el Gobierno mientras no exista un esclarecimiento completo de los hechos, la determinación de responsabilidades y las sanciones que correspondan si se comprueban irregularidades.

Para muchos ecuatorianos, el caso PROGEN simboliza uno de los episodios más cuestionados de la contratación pública reciente, ocurrido en medio de un estado de excepción y de los apagones que afectaron gravemente al país. Mientras persistan dudas y la ciudadanía perciba que no se ha llegado hasta los verdaderos responsables, la sensación de impunidad seguirá deteriorando la confianza en las instituciones.

Como si aquello no fuera suficiente, ahora surge una nueva controversia alrededor del proyecto del Museo Nacional de Historia en Quito.

Según diversas denuncias públicas, el concurso internacional impulsado por el Viceministerio de Cultura y Patrimonio para el diseño del museo habría sido archivado sin que las razones hayan quedado plenamente explicadas. Esa decisión, además, estuvo acompañada por la renuncia de la viceministra de Cultura, circunstancia que alimentó aún más las interrogantes.

Las críticas sostienen que la construcción del museo podría terminar vinculada a un proyecto habitacional privado, utilizando recursos públicos como elemento dinamizador de una iniciativa que beneficiaría intereses particulares. Si esa percepción llegara a confirmarse, se trataría de un asunto de enorme gravedad que exigiría absoluta transparencia.

Frente a este escenario, el Ministerio ha convocado a la ciudadanía para escoger entre tres diseños previamente elaborados. Sin embargo, para muchos sectores culturales, arquitectónicos e intelectuales, esa consulta no responde a las preguntas esenciales. Elegir entre tres alternativas no reemplaza la obligación de explicar por qué se archivó el concurso original, cuáles fueron los criterios técnicos utilizados y cuáles son las verdaderas razones del cambio de rumbo.

La transparencia no consiste únicamente en permitir que el público vote por un diseño. La verdadera transparencia exige rendición de cuentas, acceso a la información, motivación de las decisiones administrativas y apertura al escrutinio ciudadano.

Por ello surge una interrogante inevitable: ¿puede liderar un proceso que demanda absoluta credibilidad un funcionario cuya imagen pública ya se encuentra cuestionada por una parte importante de la ciudadanía debido a controversias aún no esclarecidas?

No corresponde condenar sin pruebas ni sustituir a la justicia. Pero tampoco puede exigirse a la sociedad que ignore las dudas cuando estas nacen de decisiones poco transparentes y de explicaciones insuficientes.

En una democracia, la confianza es un patrimonio tan valioso como los recursos públicos. Cuando ambas se ponen en riesgo, el deber del Estado no es maquillar la realidad mediante campañas de participación simbólica, sino disipar todas las dudas con información verificable, procesos transparentes y responsabilidades claramente establecidas.

Solo así podrá recuperarse la credibilidad institucional y evitar que los sobrenombres impuestos por la opinión pública terminen convirtiéndose en el verdadero legado político de quienes ejercen el poder.

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