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El habeas corpus de Jorge Glas tambalea

La audiencia por la apelación a la liberación del exvicepresidente Jorge Glas se realizó ayer.

Silvana Caicedo (jueza ponente), Cléver Franco y Juan Carlos Camacho, magistrados de la Corte Provincial de Santa Elena, ya deliberan sobre el recurso de apelación al habeas corpus a favor del exvicepresidente Jorge Glas.

Este fue planteado por la Procuraduría General del Estado (PGE) y el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), en contra del habeas corpus al que Glas accedió tras el fallo de Diego Moscoso, juez de la Unidad Multicompetente de Manglaralto.

Entre las 09:00 y las 12:27 de este miércoles 18 de mayo de 2022, los magistrados de la Corte escucharon los argumentos y alegatos de la Procuraduría, del SNAI, y receptaron al menos 20 amicus curiae a favor y en contra de la resolución del juez de Manglaralto, entre ellos de la Fiscalía, del Ministerio de Salud, del abogado de Glas, entre otros.

Al inicio de la diligencia, la Secretaría del Tribunal anticipó que los jueces tienen ocho días para tomar una decisión, y fue la jueza Caicedo quien ratificó el plazo al finalizar la audiencia.

Para el 26 de mayo de 2022 se estima que Silvana Caicedo hará pública su resolución. De la decisión que tome el Tribunal dependerá que Glas continúe o no fuera de prisión o que vuelva a ser recluido en la cárcel de Cotopaxi, de donde salió el 10 de abril de 2022. Otra opción sería que decidan, eventualmente, el traslado de Glas a una casa de salud.

Esta tercera vía se abrió porque Washington Rojas, quien se identificó como uno de los excolaboradores en la cartera de Sectores Estratégicos y presentó un amicus curiae en defensa de Glas, dijo que pudo constatar que tomaba entre 25 y 30 medicamentos. También que el delicado estado de salud de Glas podía ser confirmado con certificados médicos públicos y privados. Finalmente, dijo quien fue empleado de Glas, que su estado de salud fue determinante para el habeas corpus.

Piden la nulidad de todo
Uno de los primeros en ser escuchados por el tribunal fue el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, quien asistió de manera presencial, y pidió formalmente que se declare nulo el habeas corpus. Entre los argumentos planteó que no fue convocado a la audiencia inicial y que el fallo del juez Moscoso se dio fuera de horas laborables.

La Procuraduría pidió que el recurso de apelación, que también fue incorporado por la SNAI, sea aceptado y se revoque la sentencia de primera instancia que favoreció a Glas, y, además, que se declare la responsabilidad del juez multicompetente.

Por su parte, la Fiscalía puntualizó que el juez de primera instancia vulneró el debido proceso al no haber convocado a la audiencia de habeas corpus a la Procuraduría, porque el SNAI no cuenta con personería jurídica.

Acto improcedente
Andrés Páez (exasambleísta), quien también planteó un amicus curiae, refutó a Washington Rojas. Señaló que si Glas está tan enfermo física y psicológicamente, “nunca” era procedente que el sentenciado saliera de la cárcel. ¿La razón? “porque el derecho por el que supuestamente se trataba de tutelar era la vida y la integridad personal, y no el derecho de libertad”.

A criterio de Páez, lo que correspondía era que se le traslade a un hospital y no que se lo saque de la cárcel. “Se dice que Glas ha sido amenazado de muerte al menos 70 veces, es decir, más o menos 2 mil veces menos de las que he sido amenazado yo por él; que padece enfermedades, que tiene alucinaciones, que ingiere una cantidad de medicamentos, que la cárcel es insalubre. Debió ir a un centro de salud”, ratificó.

Páez expuso que el habeas corpus es una garantía constitucional que se aplica a la libertad física de quienes estén privados ilegal y arbitrariamente, a la vida y a la integridad personal de quienes estén privados de la libertad. “Pero este no es el caso de Jorge Glas. El habeas corpus no procede para liberar a un sentenciado como sucede con Glas, quien tiene que regresar a la cárcel como corresponde”, expresó.

En su intervención hizo un llamado al tribunal a observar, lo que calificó como “incorrecciones e incongruencias” que aparecen dentro del proceso, como por ejemplo que no existe acta del sorteo de la causa, que las actuaciones se hacen en horas de la madrugada, que el secretario es quien firma la orden de libertad y no el juez, y que la Procuraduría no fue notificada. (SC)

‘Presión en contra del habeas corpus’
Eduardo Franco Loor, uno de los abogados de Glas, advirtió que existiría presión en contra del habeas corpus y exhortó a los jueces a no dar paso a la apelación. Apuntó que la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales establece que la Procuraduría puede intervenir cuando las instituciones no tengan personería jurídica, lo que sí tendría el SNAI por poseer autonomía administrativa. En la audiencia de apelación no participó Jorge Glas. Tampoco Édison Loayza, otro de sus abogados, ni la dirigente de las juventudes correistas, Nicole Malavé, quien ganó el recurso de habeas corpus a favor del exvicepresidente sentenciado en dos causas.

¿Glas liberó la venta de explosivos en la frontera?
El portal digital ‘Código Vidrio’, reveló -un día antes de la instalación de la audiencia de Jorge Glas- un video en el cual el exvicepresidente conversó con José Luis Cortazar, entonces director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, a quien le solicita que se elimine la restricción de venta de explosivos para los mineros y que suba el cupo de venta de combustibles en la frontera.

La reunión se habría llevado a cabo el 5 de febrero de 2014, días antes de las elecciones seccionales de ese año. “Estoy pidiéndote que abran la venta hasta de explosivos, hermano, para los mineros, porque estoy perdiendo en la Amazonía, estoy perdiendo en Sucumbíos, voy a perder la Prefectura. Nuestro Alcalde, que le daba dos a uno al contenedor, ahora está a tres puntos de diferencia», le dice Glas a Cortázar en un video de 23 segundos de duración. “¿En Sucumbíos?”, le pregunta Cortázar. “En Lago Agrio”, le replica Glas.

El legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, informó que abrió una investigación sobre el tema.

 

Diario La Hora