Opinión

El gobierno necesita desmantelar los mecanismos que permitieron ‘La Estafa Maestra’

Por Miriam Castillo

El viernes 19 por la noche, la exfuncionaria federal mexicana Rosario Robles salió de la prisión de Santa Martha Acatitla, donde había estado recluida los tres últimos años por ejercicio indebido del servicio público. Fue arrestada en agosto de 2019 tras ser acusada de dañar a la hacienda pública por más de 5,000 millones de pesos (unos 250 millones de dólares), en un esquema que nombramos “La Estafa Maestra”.

La liberación de Robles difícilmente habla de una evolución o retroceso en la investigación de este caso. En el transcurso del juicio no se le acusó de fraude o desvío de recursos, sino de ser omisa y permitirlos mientras encabezaba la Secretaría de Desarrollo Social en el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto.

Su salida de prisión no implica que sea inocente, sino que podrá seguir el proceso en libertad. Y quizá solamente sirva de pretexto para revisar el mínimo avance de las investigaciones y la poca intención del gobierno actual para acabar con la impunidad y el esquema que permitió “La Estafa Maestra”.

El proceso en su contra tampoco habla de un castigo hacia los culpables. Había 11 secretarías señaladas en la investigación, además de ocho universidades públicas. Solamente Robles estuvo en prisión. Emilio Zebadúa, quien fue oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social y después de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, donde también se detectaron desvíos, se convirtió en testigo colaborador y tampoco ha pisado la cárcel. Ningún otro exsecretario ha sido investigado. La intención de las autoridades actuales de acabar con la impunidad y desmantelar el esquema más allá de Robles no es clara.

La impunidad no solo pasa por la falta de castigo, sino que el modus operandi no se ha erradicado. La misma administración actual ha llevado a cabo contratos bajo este esquema, como el que se hizo para el desarrollo de software para el sistema en el Banco del Bienestar.

La investigación “La Estafa Maestra” se publicó en 2017 en la organización Mexicanos contra la Corrupción y el sitio Animal Político. Inicialmente documentó un sistema por el que se desviaron 3,434 millones de pesos (unos 165 millones de dólares) a través de contratos firmados entre 11 dependencias de gobierno, ocho universidades públicas y 186 empresas.

Las dependencias federales contrataban a universidades públicas para que hicieran algunos servicios, que iban desde estudios hasta tareas logísticas como reparto de despensas.

Esta triangulación de recursos libraba a las instancias de gobierno del rigor de la Ley de Adquisiciones, por lo que podían contratar a empresas que no cumplían con requisitos para prestar un servicio. En la mayoría de los casos, ni siquiera se hacía un intento de entregar los servicios y se facturaban con empresas fantasma o de papel.

Lo que reveló la publicación en ese entonces era apenas una fotografía de un sistema de desvío que se replicó en muchos estados del país, incluso en dependencias municipales y los sistemas de radio y televisión estatales, haciéndolo diverso y extendido. La Auditoría Superior de la Federación documentó los años siguientes un faltante de 100 millones de pesos (unos 4.9 millones de dólares) bajo este esquema de contratos.

En el arranque de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador se señaló que había una intención de castigar a los responsables de este desvío criminal. En mayo de 2019, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, dijo que la investigación tenía que reestructurarse como un “delito de Estado” y desde una perspectiva de delincuencia organizada. Aseguró que debían citarse a exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda, de la Función Pública y de Educación.

Pero las averiguaciones no han escalado en toda la cadena de mando: hasta ahora solo funcionarios a nivel directivo tienen sanciones firmes. Esto a pesar de lo dicho por el presidente el 19 de julio de 2019, cuando informó que la investigación se había ampliado a más funcionarios y se haría “sin límites” de quienes pudieran estar implicados.

 

The Washington Post