Opinión

El gobierno de Pedro Castillo presenta un proyecto de ley que criminaliza la difusión de información

El 14 de marzo, mientras el Congreso buscaba destituirlo, el presidente peruano Pedro Castillo soltó un dicho popular con larga historia en la vida política del país. Castillo, que días después acudiría al pleno a defenderse y conseguiría evitar la destitución, dijo ese día de marzo, durante una actividad en la región San Martín, “el que nada debe, nada teme”.

La frase está asociada en Perú al expresidente Alan García, quien la pronunció originalmente cuando era investigado por el Congreso a inicios de la década de 1990, luego de su desastroso primer mandato. Poco después, perseguido por el gobierno de Alberto Fujimori, quien había ya cerrado el Congreso y dado inicio a su régimen autoritario, García huyó a Colombia. Más de dos décadas después, en abril de 2019, en medio de nuevas acusaciones de corrupción, esta vez relacionadas con su segundo gobierno, García se suicidó en el preciso momento en que la policía y un equipo de fiscales iban a detenerlo en su casa.

Castillo, sobre quien pesan distintas denuncias, ha hecho ahora suya la frase, quién sabe si consciente del legado histórico que pesa sobre ella. El presidente volvió a usarla a mediados de junio, luego de declarar ante la Fiscalía, que lo investiga como presunto miembro de una organización criminal enquistada en su gobierno, responsable de adjudicar obras públicas a cambio de sobornos. “Aquí estamos, dando la cara. El día de ayer asistimos al Ministerio Público y reitero una vez más nuestra voluntad de colaborar con la justicia y lo haremos siempre, porque el que nada debe, nada teme”, dijo esa vez el presidente.

Parece, sin embargo, que la voluntad de colaborar con la justicia se le acabó pronto. No solo su abogado ha venido intentando que el Poder Judicial anule la investigación emprendida por el Fiscal de la Nación, sino que días después de su último “el que nada debe, nada teme”, Castillo se negó a declarar ante una comisión del Congreso que investigaba otro escándalo de su gobierno, pese a haber señalado antes su “​total disposición”.

Mientras todo esto ocurría, como para dejar claro que la voluntad de colaboración y transparencia no son más que palabras que se caen de la boca del presidente cada vez que se siente acorralado, su primer ministro anunció que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley que busca criminalizar la filtración de información de investigaciones penales.

El anuncio llegó luego de que distintos medios de comunicación divulgaran la transcripción de una llamada telefónica entre Juan Silva —exministro de Transportes y Comunicaciones y ahora prófugo de la justicia— y un empresario miembro del círculo cercano del presidente y ahora aspirante a colaborador eficaz. En la conversación, entregada a la fiscalía, el empresario le dice al entonces ministro que tiene “100 grandes” —presuntamente 100,000 soles (26,000 dólares aproximadamente)— para él, como un “pequeño presente” por la adjudicación de una obra de más de 200 millones de soles.

Son este tipo de informaciones las que el gobierno quiere ahora evitar que sean divulgadas. El proyecto de ley anunciado fue finalmente presentado ante el Congreso el 6 de julio y establece que “cualquiera de las partes comprendidas en una investigación que proporcione o difunda información de carácter reservada» (sic) puede ser condenada a dos años de prisión. Si la información es divulgada por un “juez, fiscal, auxiliar administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía”, la pena sube hasta los tres años.

Por si quedaba alguna duda de qué es lo que más teme el gobierno y qué busca impedir al sacarse este delito de debajo de la manga, el texto señala que si la información es difundida “a través de los medios de comunicación social u otros de difusión masiva”, la pena asciende hasta los cuatro años de prisión.

El proyecto de ley ha sido criticado por distintas asociaciones periodísticas, la Defensoría del Pueblo, que llegó a decir que sería una norma que “recorta las libertades”, e incluso por la presidenta del Poder Judicial, quien se preguntó en una entrevista: “¿qué hay tras esta norma si no es una limitante a la libertad de prensa?”.

Opinión similar comparte el abogado Roberto Pereira, especialista en derecho penal y constitucional. Para empezar, me explicó Pereira, “el proyecto asume una premisa de reserva absoluta de cualquier información, que ni tiene amparo legal ni es real”. Ese nivel de reserva no puede aplicarse a asuntos de interés público como la responsabilidad de altos funcionarios, de lo contrario se está “cercenando el conocimiento y debate público” sobre esos casos.

De hecho, prosiguió el abogado, “el proyecto es tan torpe que no diferencia entre información previa a la investigación y que se incorpora a ella, de información que se produce en la investigación”. Por ejemplo, el registro de visitas al presidente en Palacio de Gobierno, una de las herramientas más útiles con que ha contado la prensa a la hora de fiscalizar a un Ejecutivo caracterizado por su falta de transparencia, podría pasar a ser considerado información reservada “por el mero hecho de incorporarse a las investigaciones”. Y, por ende, “su difusión será criminalizada”.

Si bien el proyecto de ley no menciona a periodistas como posibles autores del nuevo delito, el texto sí criminaliza la difusión de información a través de los medios de comunicación, hecho que el nuevo tipo penal considera un agravante. “En consecuencia, tendrás a periodistas citados como testigos desfilando por los tribunales defendiendo la reserva de sus fuentes, o procesados por instigación o complicidad –figuras previstas en el Código Penal para todos los delitos– si convencen a una fuente que es parte de las investigaciones para que le entregue información de alto interés público”, me dijo Pereira.

Durante meses, distintos periodistas y analistas hemos señalado el desprecio por el trabajo periodístico de parte del Ejecutivo de Pedro Castillo. Un desprecio, además, compartido por el Congreso, el otro principal poder del estado peruano. Este proyecto de ley, que debe ser aún discutido y, llegado el caso, aprobado por el Legislativo, es hasta ahora la expresión más clara y peligrosa de esa actitud. Visto lo visto, si consiguen convertirlo en ley, tendremos pronto que enfrentar encarnaciones peores.

Decía Pedro Castillo que el que nada debe, nada teme. Discúlpeme, presidente, pero es exactamente así, buscando plegar las leyes a su conveniencia, como actúa quien, más bien, tiene mucho que temer.

 

 

The Washington Post