Opinión

El estallido en Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no es ningún improvisado. Tanto en el área privada como en la política, es hombre de amplia trayectoria.

Sus primeros años en la función pública comenzaron cuando fungió como Ministro de Economía durante la presidencia de Jamil Mahuad, padre de la revolucionaria dolarización de la moneda que hasta el momento nadie ha tocado. Ni Correa, de quien ha sido firme opositor, ni Lenin Moreno, contra el cual perdió en la segunda vuelta en el 2017. Fundador del movimiento político CREO, con el respaldo de la plataforma política armada para disputar una vez más la presidencia, logró imponerse en el ballotage frente al candidato Yakú Pérez, apadrinado del ex presidente Rafael Correa. En este su tercer intento, tomó posesión de la presidencia de Ecuador el 24 de marzo de 2021.

Se trata de un político que apuesta a las buenas ideas, según el mismo lo ha dicho, más que a definiciones como de derecha o izquierda, pero defiende posiciones liberales clásicas como la división de los poderes para limitar a los gobiernos, la defensa de los derechos individuales, la baja de impuestos y del endeudamiento del Estado, el fomento a la productividad y el empleo como basamentos indispensables para un mayor bienestar de la población. No más asumir, de acuerdo a lo manifestado sobre el derecho a la libertad de expresión, derogó el funesto legado del reglamento general de la Ley de Comunicación, de la era Correista.

El triunfo obtenido por Lasso lo colocó de inmediato en la mira de quienes trabajan metódicamente desde hace años, para borrar del continente latinoamericano a las Administraciones que no sean parte del predicamento de izquierda prevaleciente en el Foro de San Pablo, una organización que engloba a la casi totalidad de los partidos y movimientos políticos que comparten esa ideología. Y tal como ocurrió en Chile, la mecha encendida con trabajo y sigilo a lo largo de años hizo eclosión entre los chilenos. Manifestaciones por todos lados, incendios y voladuras de estaciones de metro llamativamente coordinados, dieron pie a una progresiva desestabilización de la sociedad trasandina. A pesar de los años de mejoras en los índices de pobreza, de educación, de salud, se sucumbió en la actual Asamblea Constituyente que puede terminar de enterrar a este país que se destacaba por su firme avance hacia el desarrollo.

Todas estas bajas económicas van a producir un impacto negativo en las previsiones de crecimiento que antes de estos sucesos eran muy optimistas. Una contradicción lamentable.

A poco más de un año de gestión, el Presidente Lasso, desde hace 13 días enfrenta un escenario de provocaciones que hasta llevan a temer un quiebre institucional, con miles de indígenas enardecidos que han llegado a atacar las instalaciones de la Fiscalía General y otros lugares emblemáticos. Turbas enfurecidas, atizadas por un líder de nombre Leonidas iza que se niega al diálogo y a aceptar las propuestas del gobierno de Lasso, aun cuando éste ha considerado varias de sus peticiones. Insiste iza en que todas deben ser aceptadas, como ser la congelación y reducción del valor de los combustibles, control de precios de los productos, mejores pagos a los productores agrícolas, así como también frenar la expansión de la minería.

Pareciera que no se han enterado del aumento de la cotización internacional de petróleo y pretenden que los bancos privados o públicos perdonen o extiendan el plazo de deudas a cuatro millones de ecuatorianos. Exigen políticas de inversión para frenar la prevaricación laboral aunque al mismo tiempo, con sus posturas contribuyen a empobrecer al país.

Al 23 de junio las pérdidas económicas generales provocadas por el paro indígena llegan al menos a 500 millones de dólares, según el ice ministro de Economía. Las pérdidas en la producción petrolífera llegaban a U$$ 51 millones. Dinero que se podría haber canalizado hacia educación, salud y políticas sociales. La producción de petróleo, el principal rubro exportador, cayó un 21% por las protestas. Los manifestantes no solo atacan a las estaciones de producción sino también a las centrales eléctricas. Los actos de sabotaje y vandalismo hicieron detener varias centrales que proveen de energía a los bloques petroleros, oleoductos pequeños y el Sistema de Oleoductos Transecuatorianos se encuentra sin qué bombear.

A este panorama hay que sumarle las pérdidas patrimoniales relacionadas con los incendios de instalaciones y bienes y las afectaciones en las ciudades. Estas bajas económicas producirán un impacto negativo en las previsiones de crecimiento que antes de estos sucesos eran muy optimistas.

Una contradicción lamentable.

 

 

 

EL PAÍS Uruguay (elpais.com.uy)