Para el Gobierno, la terminación de estos contratos no constituye despidos, sino optimización de recurso humano.

QUITO. Las notificaciones de culminación de contrato se multiplicaron en diciembre pasado, siendo este mes el término del año fiscal en el sector público y el empleador tiene la potestad de concluir su relación laboral con los empleados que trabajan bajo esta modalidad.

Ante ello, la Ley Orgánica del Servicio Público establece que los contratos de servicios ocasional tendrán una duración máxima de 24 meses y que, por su naturaleza, no generan estabilidad debido a que pueden terminar en cualquier momento. Hasta diciembre pasado, según la Federación Nacional de Servidores Públicos, alrededor de 120 mil personas laboraban bajo esta modalidad contractual.

Para el Gobierno, la terminación de estos contratos no constituye despidos, sino optimización de recurso humano acorde con la ley. “En el 2015 se suscribieron 90 mil contratos ocasionales en el sector público. Según nuestras cifras, son entre 5.500 a 6.000 contratos ocasionales que finalizaron por la fecha de término”, manifestó el ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta y añadió que la terminación de los contratos bajo esta figura ha sido aplicada de forma mínima.

Cabe recalcar que la figura legal sobre los contratos de servicios ocasionales establece que se renovarán los cargos a los funcionarios si la institución pública así lo requiere. Además, el empleador tiene la potestad de terminar este acuerdo laboral sin necesidad de que se cumpla el año fiscal o el año calendario desde que el colaborador empezó a trabajar en la institución.

También precisa que en una entidad no puede haber más del 20% de personal contratado bajo servicios ocasionales en relación a los que tienen nombramiento.

“Los funcionarios que laboran con este tipo de contratos no gozan del derecho a indemnizaciones. Al momento en que termina el contrato, el empleado no necesita ni siquiera ser notificado por los departamentos de Talento Humano. El único derecho que tiene el empleado, de ser el caso, es exigir que culmine el plazo de duración del contrato”, explicó Joaquín Viteri, abogado del Frente Unitario de Trabajadores y docente de la Universidad Central del Ecuador.

Y es que el sector de educación es el que mayor número de servidores públicos posee, y es el que absorbe el mayor gasto en remuneraciones. Por ello, el Estado desembolsó hasta septiembre USD 2.352 millones en el pago de las remuneraciones para 222.235 servidores públicos en este sector, entre docentes, empleados administrativos y trabajadores amparados bajo el Código del Trabajo.

Al respecto, en el Ministerio de Educación el 31 de diciembre pasado, 313 funcionarios que ya cumplieron 24 meses de actividad laboral en la entidad finalizaron su estado contractual con esta cartera de Estado.

Mientras que en Instituto Nacional de Estadística y Censos, los contratos ocasionales corresponden a proyectos a ser ejecutados cada año. Así, el año pasado unas 23 personas culminaron sus contratos debido a la temporalidad de estos, los que representan el 2% de la nómina, indicó la institución.

En el caso del sector hidrocarburífero también hubo recortes de personal a partir de enero. El Ministerio de Hidrocarburos indicó a este Diario que, de una plantilla de 176 personas, a partir de enero del 2016 funciona con 114 funcionarios, es decir, hubo un recorte de 62. (VCV/La Nación)