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El desaire de Daniel Noboa a la Corte Constitucional

El presidente Daniel Noboa ignoró la tarde del miércoles 17 de enero la puerta que le abrió la Corte Constitucional (CC) para que pueda salir con elegancia del atolladero que se metió con sus primeras 11 preguntas para la consulta popular.

Ahora, Noboa está expuesto a la casi segura negativa de la CC a ese paquete de preguntas y a la consecuente humillación política que eso supone. Las preguntas difícilmente pasarán la aprobación de la Corte Constitucional porque plantean temas que ya están vigentes en el sistema jurídico del país o en su defecto están siendo tratadas en la Asamblea Nacional.

En efecto, ya sea por soberbia o por falta de tacto político, el presidente le contestó a la jueza Teresa Nuques que de las 11 preguntas solo retiraba la relacionada con el regreso de los casinos y que las otras 10 las va a mantener tal cual. En realidad, cuando Nuques le envió a Noboa una comunicación diciéndolo que le daba una oportunidad para reconsiderar las preguntas que presentó en un primer momento, estaba abriéndole la posibilidad de una salida honrosa.

Nuques es la jueza sustanciadora de las 11 primeras preguntas y deberá presentar un informe al pleno del organismo. De lo que se conoce, en la CC existe la convicción de que las preguntas están legal y constitucionalmente mal planteadas, por lo que sería muy difícil que la mayoría de los magistrados las aprueben. En realidad, fue por eso que Nuques le abrió la posibilidad de reconsiderarlas, ya que es inevitable que, en un análisis en estricto derecho, Noboa va a quedar mal parado.

Las preguntas sustanciadas por Nuques fueron enviadas por Noboa el 2 de enero de 2024, recibiendo una andanada colosal de críticas de expertos en materia constitucional e incluso de importantes sectores de la opinión pública.

Días después, Noboa decidió añadir 9 temas más al cuestionario, que tienen como jueza sustanciadora a Karla Andrade. En ese paquete, mucho mejor recibido, pero aún con bastante críticas, plantea temas más estructurales, pero no menos controvertidos como la extradición, la aprobación de una ley de extinción de dominio y el fin de la minería ilegal, entre otros.

A excepción del tema de los casinos, donde Noboa reconoce que en el Ecuador no existe una coyuntura que justifique el regreso de los casinos a los hoteles, las otras 10 preguntas fueron ratificadas. Para insistir en la pregunta 1, que consulta sobre si se aprueba que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales, Noboa dice que es necesario adoptar medidas estructurales permanentes para enfrentar el problema de seguridad nacional y que no sean exclusivas de una declaratoria de estado de excepción.

Sobre las preguntas 3 y 5, que hablan sobre la no detención de agentes del orden mientras se los investiga por uso de la fuerza y que los detenidos por determinados delitos no se acojan a beneficios, el presidente Noboa dice que eso no está aún en agenda de la Asamblea.

En tanto que para las preguntas 4 y 6 dice que, si bien es materia de debate en el Legislativo, “no es menos cierto que históricamente han existido innumerables proyectos de reforma sobre los cuales no ha existido el avance esperado en anteriores períodos legislativos”. Estas tratan sobre el incremento de penas para delitos como el terrorismo, sicariato y la tipificación como delito de la tenencia y porte de armas de uso único de las fuerzas del orden.

Sobre la pregunta de si los funcionarios judiciales deben ser sometidos a pruebas periódicas, cosa que existe desde hace muchos años, Noboa responde lacónicamente diciendo que la “realidad que enfrenta hoy la Función Judicial, requiere del pronunciamiento ciudadano para transparentar su desempeño”.

La respuesta de Noboa a Nuques fue mal recibida en la CC donde, se sabe, fue interpretada como un acto de soberbia. Lo que hizo Nuques fue un gesto amistoso, cuyo fin era evitar una humillación política para el presidente.

Entre constitucionalistas y abogados se dice que lo que ha ocurrido con las preguntas de Noboa revela la pobreza que hay en el equipo de asesoría jurídica del presidente. Se sabe que este equipo está encabezado por Fernando Yávar, quien fue miembro del Consejo de la Judicatura durante el correato y que es abogado personal suyo.

Tal y como están las cosas, lo más probable es que se avecina un choque de trenes entre la CC y el Ejecutivo, en medio de unas circunstancias políticas y sociales muy tensas y crispadas.

Fuente: KCH