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El crimen organizado avanza ante una débil institucionalidad

El próximo 24 de mayo se cumplirá el primer año de gobierno de Guillermo Lasso. En este tiempo, el Estado no ha logrado frenar la penetración del crimen organizado y el narcotráfico.

Los ‘narcogenerales’, la participación de militares en captadoras ilegales de dinero y resoluciones legales que no avanzan o son cuestionadas muestran un escenario con cada vez más pistas sobre la presencia del narco en las entidades del Estado. El Presidente reconoce el avance del crimen organizado. El martes pasado, en su encuentro con los medios dijo: “No es solo delincuencia común. En los últimos 15 años se permitió el avance de las bandas traficantes de droga y ya no solo es tráfico al exterior sino también interno”.

¿Hay un narcoestado?
Carolina Andrade, experta en seguridad, explica que un narcoestado es aquel en el que hay una alta penetración del crimen organizado, en niveles del poder político, económico y social. Eso genera redes de corrupción -privadas y públicas- que por acción o inacción benefician al narcotráfico.

Entidades como el Ejército y la Policía no pueden negar que algunos de sus elementos han sido parte de esa estructura. En la Policía hay al menos 300; mientras que en las Fuerzas Armadas existen 150.

El embajador de EE.UU., Michael Fitzpatrick, habló de la existencia de información sobre ‘narcogenerales’, en diciembre de 2021. Hasta hoy, la investigación sigue bajo reserva y no hay sancionados. Incluso, los investigados salieron de la institución con los beneficios de ley para su retiro.

El mismo mes, la Policía informaba sobre la detención de 10 personas tras un operativo en seis provincias. Entre ellas Pichincha, Guayas y Santo Domingo. Tres de ellas eran militares en servicio activo, según la misma Policía.

Otro caso que involucra al Ejército tiene que ver con Miguel Nazareno, ‘Don Naza’. Él se dedicaba a la captación ilegal de dinero. 139 efectivos son investigados. Pero no solamente se trata de captación de dinero, sino de la relación de esos recursos con el narco.

El radar de Montecristi, colocado para controlar los vuelos no autorizados, dejó de funcionar tras una explosión ocurrida el 7 de noviembre de 2021. El actual ministro de Defensa, Luis Lara, dijo que se tramitaron 25 procesos disciplinarios contra personal de tropa y oficiales que estaban a cargo.

La relación de oficiales con el crimen organizado no es reciente. En 2017, por ejemplo, el entonces Ministerio del Interior hablaba de 929 uniformados separados por delitos y faltas disciplinarias desde 2013. De ellos, 61 policías fueron desvinculados por nexos con organizaciones del narcotráfico.

La presencia del crimen organizado no solo está en las entidades del Estado. Su violencia se evidenció en cinco masacres carcelarias ocurridas el último año. El mismo Lasso dijo, el sábado pasado, en una entrevista para CNN, que debe recuperar la soberanía del Estado en los centros de reclusión.

Débil institucionalidad
Para el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, hay debilidad en las instituciones desde hace varias décadas. Una muestra de ello, dice, es la impunidad. Cuestiona el trabajo de entidades como la Fiscalía y la misma Contraloría. El peor mensaje, señala Alarcón, es que las organizaciones delictivas vean que no hay consecuencias ni sanciones para quienes cometen actos de corrupción y otras acciones reñidas con la Ley.

Para Wagner Bravo, exjefe de Estado Mayor del Ejército, la institucionalidad en el país es débil. Sin embargo, dice que para hablar de narcoestado hay que pensar en definir si el Estado ha sido superado por el crimen organizado.

Para el militar retirado, una pista de que el país camina hacia perder del control está precisamente en las cárceles. Según Bravo, allí hay una evidencia de que las bandas han impuesto sus condiciones.

Desde el inicio de este Gobierno, por ejemplo, Fausto Cobo estuvo dos veces a cargo del Servicio Nacional de Rehabilitación (SNAI), también asumieron el cargo Bolívar Garzón y Edmundo Moncayo. Ahora está Pablo Ramírez.
Un dato que no es menor. El informe de la Comisión de Pacificación, creada por Lasso, advierte que existen policías que son el brazo derecho de cabecillas de bandas y que los protegen.

Andrade menciona que el Gobierno no tiene que intervenir solamente con base en indicadores de violencia criminal. Hay sectores del país en donde no hay presencia del Estado y eso también abona para la penetración del crimen y del narcotráfico.

 

El Comercio