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El asilo para Rafael Correa es otro golpe a la institucionalidad estatal

Sobre el exmandatario pesa una sentencia ejecutoriada desde 2020 de ocho años de prisión por el delito de cohecho dentro del caso ‘Sobornos’.

Con el asilo que Bélgica concedió al expresidente, Rafael Correa, quien está prófugo de la Justicia, el Estado ecuatoriano vuelve a sufrir un golpe a su institucionalidad. Unos 15 días antes, el 10 de abril de 2022, el exvicepresidente Jorge Glas fue liberado de prisión gracias a un habeas corpus otorgado por un juez cercano al correísmo.

Luego le tocó el turno a Junior Roldán, alias ‘JR’,  el segundo al mando de la banda delincuencial los Choneros también salió de la cárcel tras recibir un habeas corpus parcial. La medida se otorgó pese a que está identificado como uno de los responsables de las masacres carcelarias en 2021 que dejaron más de 300 reclusos fallecidos.

Ahora, mientras Glas y Roldán están fuera de la cárcel, Correa goza del estatus de asilado político en un país donde ya residía desde mayo de  2017.

La noticia del otorgamiento del  asilo al exjefe de estado, sentenciado a ocho años de prisión por la trama de corrupción ‘Sobornos 2012-2016’, fue divulgada en redes sociales por la prensa internacional. Eso ocurrió casi simultáneamente con un anuncio del titular de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, quien el 21 de abril de 2022 suscribió una providencia para iniciar el trámite de extradición de Correa ante el Reino de Bélgica.

El magistrado aseguró que su solicitud se sustenta en el convenio de extradición entre Ecuador y Bélgica de 1887. También en el convenio internacional anticorrupción avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  Agregó que en el documento no se exponen juicios de valor ni criterios políticos. Por eso, anunció que en las próximas horas su pedido será remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se concrete el proceso.

Saquicela recibe críticas

 La actuación de Saquicela recibió críticas por  presuntamente demorar la realización de la solicitud de extradición.

Carlos Estarellas, experto en relaciones internacionales, dijo que el presidente de la CNJ debería  explicar al país porque se demoró en solicitar la extradición, y la Cancillería por qué no se presentaron en audiencia pública para decir que Correa no es perseguido político. “¿Por qué la Corte solicitó la extradición el 21 de abril de este año?”, preguntó Estarellas.

El 22 de abril de 2022, en rueda de prensa Saquicela defendió su actuación y aseguró que solo tuvo conocimiento de la otorgación del asilo político concedido por Bélgica, a través de los  medios de comunicación y redes sociales.  “Soy el primer extrañado, soy el primer sorprendido si es que se ha dado el asilo”, puntualizó.

“He cumplido mi deber con el país al hacer un requerimiento fundamentado para la extradición, jamás he tenido temor a nada ni a nadie, pero a nosotros no nos corresponde ni es nuestra competencia el tema del asilo, eso es competencia de la diplomacia”, expresó.

Agregó que, si el asilo se concretó, debería ser la diplomacia la que informe si fue notificada y dar a conocer cuál es la posición frente a Bélgica y la comunidad internacional.

Precisamente, la Cancillería emitió un comunicado informando que hasta el viernes 22 de abril no tenía conocimiento oficialmente de la concesión del asilo político a Correa. Tampoco el pedido de extradición solicitado por la CNJ.

Los siguientes pasos

Saquicela afirmó que continuará dando seguimiento a todo el proceso de extradición. “Si  es que se llega a aceptar, o si es que se llega a negar, eso ya escapa de mí. Esto depende del estado soberano de Bélgica», subrayó.

A la Cancillería -dijo-  le corresponde hacer el trabajo diplomático, gestionar ante Bélgica, argumentar que existe una sentencia condenatoria en firme y que no guarda relación con ninguna persecución política, sino que Rafael Correa fue condenado por el delito de cohecho, que fue investigado por la Fiscalía y condenado por los jueces (SC)

En tratado no consta infracción de cohecho

José Luis Ortega, abogado del exministro Walter Solis, otro de los sentenciados en el caso Sobornos, manifestó que el tratado que existe entre Bélgica y Ecuador data de 1887 con una adenda de 1934, la cual refiere que para que proceda la extradición, en el catálogo de delitos de dicho tratado debe constar la figura jurídica o la infracción por cohecho por el cual fue sentenciado Rafael Correa.

“Sin embargo, este delito no consta en el catálogo”, mencionó Ortega. Según este abogado, la infracción no debe estar prescrita tanto en la ley del país solicitante, como en el país requerido.  Ortega supone que el pedido de Iván Saquicela se enmarca en una “suerte de retaliación, y de querer limpiar la imagen de la Justicia del país, en virtud de los acontecimientos que se vienen desarrollando en los últimos días y que involucran a policías y militares en una trama de captación ilegal de dinero,  y  de resolver acciones de protección  o habeas corpus, etc”, expuso.

¿Qué no puede hacer como asilado?

Marcelo Fernández Córdova, exvicecanciller, explica que Rafael Correa no podrá dedicarse a hacer política de Ecuador y tampoco intervenir en acciones que afecten a otro Estado. Además, tiene que respetar las leyes del país asilante. “Creo que esto le va a molestar un poco al señor Correa. Técnicamente, debería dejar de estar usando sus redes sociales para actuar en política interna”. El diplomático prefiere no opinar qué es lo que ocurrirá a futuro, pero puso de ejemplo el caso de Julian Assange, quien estaba asilado en la embajada en Londres y seguía interviniendo en política.

Cree que, si Correa no deja de hacer política, Ecuador podría protestar ante Bélgica solicitando que le exijan una actuación moderada.

Técnicamente, el señor Correa debería dejar de estar usando sus redes sociales para actuar en política interna”,

 Marcelo Fernández de Córdova, exvicecanciller.

«Lo que ocurre se enmarca en una suerte de querer limpiar la imagen de la Justicia por los hechos de los últimos días que involucran a policías y militares en una trama de captación ilegal de dinero”,

Jorge Luis Ortega, abogado de uno de los procesados en Sobornos

 

 

Diario La Hora