Por Daniel Tristancho Cubillos / Guayaquil

Pasante de la Universidad Casa Grande

Correo: daniel.tristancho@casagrande.edu.ec

Una gran indignación es lo que siente hasta ahora todo aquel que lee las noticias con respecto al Caso “Letras Vivas”. La ciudadanía ha criticado de manera ferviente el proyecto cultural debido a su sobreprecio y la ausencia de un pago hacia los escritores ecuatorianos cuyas frases tomaron para pintar los murales que tenían el objetivo de impulsar la lectura y adornar la ciudad.

El irrespeto hacia los escritores y sus trabajos por parte del municipio fue tremendo, y más aún el irrespeto hacia la ciudadanía en general por el mal uso de fondos públicos en un proyecto que claramente tiene inconsistencias ya que su costo de realización no se equipara bajo ningún concepto con el de su costo final. No obstante, lo más preocupante fue la mención del artículo 212 del código de genios, perteneciente a la Norma de Propiedad Intelectual de Ecuador, con el que tratan de protegerse los responsables del proyecto para evitar responsabilidad.

Este artículo reclama que el municipio tiene total autonomía para utilizar contenido de la propiedad intelectual de un autor siempre y cuando no supere el 15% de la totalidad de la obra para fines didácticos y educativos.

Porque razón un gobierno autónomo debe tener autonomía para utilizar propiedad intelectual privada de un ciudadano sin otorgarle ningún tipo de ganancia. Claro, deberían existir parámetros. Un fin educativo y didáctico puro puede justificar el uso de este tipo de contenido porque forma parte de la cultura… siempre con el consentimiento del autor, pero manejar proyectos en los que la obra de los autores sea el principal atractivo y que aparte tenga un presupuesto de 400.000 dólares, sin destinar ninguna cantidad de dinero a los escritores es reprochable, sobre todo cuando hay gente relacionada al proyecto que sí está ganando dinero relacionado a esto.

Debe acabarse el irrespeto al escritor y la precarización de su trabajo solo porque este no recibe el valor social que debería. Y por sobretodo, debe dejar de existir esta ley que les arrebata a los autores sus propios derechos intelectuales de sus obras sin ningún consentimiento sólo por vivir en Guayaquil. El artista también come y escribir es su trabajo.