Economía

El acuerdo con el FMI incluye el cumplimiento de 12 metas estructurales en 2019

El Gobierno debe ir cumpliendo, durante 2019, con un cronograma de 12 acciones y reformas estructurales, incluidas en el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esto consta en ‘Memorando de Políticas Económicas y Financieras’, adjunto a la Carta de Intención, que sirvió al directorio del organismo multilateral para aprobar la línea de crédito por 4.209 millones de dólares hasta 2021.

La primera medida es, con un plazo hasta finales de abril, la publicación de un plan de acción para fortalecer la gestión financiera del presupuesto estatal y su ejecución. Hasta finales de mayo, en cambio, se debe presentar al gabinete gubernamental, las enmiendas al marco legal del Banco Central. Estas modificaciones incluyen un acuerdo de gobernanza autónomo, recapitalización progresiva, regla de cobertura de reservas que incluya un calendario para cubrir pasivos con activos y prohibición expresa de financiamiento al Gobierno central.

Los plazos
Hasta el 30 de junio se debe llegar a la Asamblea las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El FMI pide que se limite la discrecionalidad del Gobierno para enmendar el presupuesto aprobado, restringir el uso de Certificados de Tesorería (Cetes) para financiamiento de corto plazo, definir las normas de gasto para el sector público no financiero, establecer plazos claros para la presentación de facturas por parte de proveedores y fechas de pago.

Con ese mismo plazo se debe publicar un reglamento que garantice la publicación de estados financieros anuales de todas las empresas públicas. Además, mediante la modernización de los sistemas informáticos, hay que cumplir con la recopilación toda la información sobre los atrasos de pagos.

El 31 de agosto debe estar listo el plan base para la reforma del sistema tributario, sobre las premisas de simplificación de trámites y eficiencia en la recaudación. La presentación del proyecto definitivo, en la Asamblea, debe ser hasta finales de octubre, y la aprobación hasta finales de noviembre.

Una Ley anticorrupción
El 30 de septiembre, como fecha máxima, se debe presentar una Ley anticorrupción, en la que se asegure que los actos ilícitos estén tipificados como delitos criminales. Además, que se establezcan acciones efectivas para incautar, congelar y confiscar los recursos de la corrupción, se obligue a las instituciones financieras a cumplir con las acciones de debida diligencia a altos funcionarios. También se debe enviar el proyecto definitivo de enmiendas al Banco Central.

Con ese mismo plazo, las autoridades económicas deben establecer un plan de pago de atrasos, con base en el análisis de los atrasos en el Gobierno central y publicar, con asistencia del Banco Mundial, un plan de acción para fortalecer la eficacia y la calidad del gasto en educación primaria y salud.

Finalmente, hasta diciembre, se debe detallar de manera más amplia y clara todos los componentes de la deuda pública, incluido sus condiciones, términos y plazos.

Fuente: La Hora