Economía

“El 99,9% de las veces los retrasos y la mala ejecución en obra pública tienen que ver con ineficiencia y corrupción”.

El Gobierno asegura que trabaja todos los días para solucionar la mala calidad del gasto que viene de las dos administraciones pasadas.

El ministro de Economía, Pablo Arosemena, durante un conversatorio con medios de comunicación, defendió que los $1.871 millones presupuestados para obra pública en 2023 es un monto importante frente a unas cuentas estatales deficitarias.

“Es una magnitud similar a la de 2022. Adicionalmente hay que resaltar que la obra pública no solo se realiza con lo que se destina en el Presupuesto General del Estado (PGE), sino también con lo que se hace mediante colaboración, concesiones y Alianzas Público-Privadas (APPs), dijo.

Según el funcionario, la diferencia con otros Gobiernos, sobre todo con el de Rafael Correa, es que los recursos se están invirtiendo de forma transparente.

“Eso es distinto del pasado donde había mucha oscuridad y sobreprecio en el sector de las compras públicas y de las obras públicas”, explicó.

Así, por ejemplo, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tomando en cuenta el gasto público entre 2007 y 2017, la ineficiencia y la corrupción provocaron una pérdida de entre el 4% y 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

En otras palabras, buena parte de los grandes montos que se publicitaron como inversión estatal se diluyeron en mal manejo, aumento efímero del empleo público y deudas abultadas para los siguientes gobiernos, según puntualizó Renata Ramírez, economista e investigadora en finanzas públicas.

Ejecución presupuestaria
Arosemena contó que la muletilla fácil siempre es decir que Economía no da la plata y por eso no se ve obra pública. Sin embargo, recalcó que, si bien hasta junio de 2022 había sectores con baja ejecución presupuestaria, entre julio y agosto los niveles han subido sustancialmente.

“Puedo asegurar que Economía ha transferido todos los recursos necesarios; pero el 99,9% de las veces los retrasos y la mala ejecución tienen que ver con ineficiencia y corrupción”, aseveró.

Ese es el verdadero problema que nadie se ha preocupado por resolver, aunque el Ministro dijo que si se está trabajando para mejorar la calidad del gasto.

La prueba de eso es que, a pesar de que el gasto público aumentará $1.927 millones en 2023; a la par, el déficit fiscal, comparado con el presupuesto inicial de 2022, bajará de $3.784 millones a $2.630 millones.

Eso no solo se debe al aumento proyectado de ingresos, tanto petroleros como tributarios, sino también al orden fiscal.

Concesiones viales
Arosemena afirmó que, aparte de los más de $1.800 millones para obra pública en el Presupuesto General del Estado (PGE), también se debe tener en cuenta los $600 millones que se dan a los gobiernos locales para inversión.

A eso se suma lo que se concretará en concesiones privadas como el sistema vial sur, o el famoso Quito-Guayaquil-Cuenca. Esta obra, por ejemplo, se hará de Gobierno a Gobierno con Canadá.

Ante el cuestionamiento de por qué no se han concretado más concesiones viales, Arosemena recalcó que todas las concesiones viales vigentes tienen problemas porque los gobiernos anteriores no pagaron lo acordado en los contratos firmados.

Cuando hay una concesión se establece el cobro de un peaje para que el contratista privado recupere su inversión y haga mantenimiento. Sin embargo, en administraciones pasadas todos esos peajes nacieron subsidiados.

El peaje que en cualquier otro país cuesta $4 aquí se puso en $1. La diferencia la tenía que pagar el Estado ecuatoriano, pero no cumplió con ese compromiso.

“Se hicieron los contratos con la promesa de que el Gobierno tenía que subsidiar a la concesionaria. Pero vaya a preguntar si los dos gobiernos anteriores les pasaron un dólar. Entonces, hay una deuda grande. Ellos siguen operando, pero siempre está la tensión de si quieres concesionar más se debe pagar esas obligaciones pendientes”, dijo.

Ese es el nudo que el Gobierno de Guillermo Lasso está tratando de resolver. “Primero se deben aclarar los valores. Me he reunido con los grandes concesionarios y les he dicho que no te debo plata en el sentido de que la deuda no la tengo registrada. Para el Estado esa deuda no existe. Por eso, primero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas debe sentarse con las concesionarias para aclarar la deuda y luego establecer un plan de pagos”, aclaró Arosemena. (JS)

El agujero negro de los gobiernos locales
Pablo Arosemena, ministro de Economía, contó que cada semana recibe convocatorias para ir a dar explicaciones a una comisión de la Asamblea, pero no ha visto que se invite a un Alcalde para que rinda cuentas de cómo gasta.

El funcionario puso como ejemplo al Municipio de Guayaquil, donde la poca transparencia del gasto casi nunca se cuestiona.

“En el Municipio de Guayaquil siempre los saldos de la cuenta que tiene en el Banco Central son bajísimos porque la plata la sacan de ahí y la transfieren a las fundaciones. No hay forma que el Ministerio de Economía vea cómo se están utilizando esos recursos”, aseveró.

Al Ministerio de Economía, a duras penas, llegan cifras generales con un retraso de 2 meses desde los gobiernos locales; pero solo la Contraloría audita esas cifras.

En abril de 2019, solo ante el envío de una directriz para que se optimice el gasto, se dispararon las acusaciones de que se estaba violentando la autonomía de los gobiernos locales.

La misma opacidad existe en el Municipio de Quito, donde el 50% del presupuesto se va a empresas municipales, cuya forma de gasto se desconoce.

“La gente tiene la fantasía de que Ecuador es Arabia Saudita y sobra plata”.

“No hay nada más liberal que tener el presupuesto equilibrado. Lo liberal no es tener déficit fiscal, sino bajarlo como estamos haciendo”, Pablo Arosemena, ministro de Economía.

 

 Diario La Hora