Afectados presentaron una demanda de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya

 

GUAYAQUIL.  Los perjudicados que presentaron la demanda el día jueves, contra la gerente de la transnacional, John Watson, acusándolo de «crímenes de lesa humanidad».

Watson habría optado por no reparar los daños ambientales que la compañía Texaco causo en Ecuador en los años 1964 y 1992, esa sería la razón de la demanda, así lo explico, Pablo Fajardo, abogado de los demandantes ecuatorianos.

«Buscamos que el señor Watson responda penalmente por estos crímenes de lesa humanidad que no han sido sancionados», afirmó el jurista y recordó que civilmente, la petrolera ya fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar 19.000 millones de dólares por contaminación ambiental.

Fajardo puntualizó que esta demanda resulta una oportunidad para que la Corte Penal Internacional demuestre que su función es juzgar delitos en cualquier parte del mundo.

“En el mundo entero hay una perfecta arquitectura de la impunidad corporativa con la cual Chevron actúa frecuentemente para evadir su responsabilidad. Hoy las víctimas en un hecho sin precedentes hemos recurrido a esa corte holandesa en la ciudad de La Haya para que haya justicia”, dijo.

En tanto, Pablo Vega, de Derechos Humanos, expresó que las organizaciones a nivel internacional se encuentran preocupadas frente a la “impunidad corporativa”, debido a que  la empresa no ha cumplido con el pago, hasta el día de hoy.

 “Un tercio de litigios en tribunales de arbitraje se están llevando en América Latina y particularmente en países de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y estos litigios gozan del amparo de árbitros con fuertes relaciones con las propias corporaciones”, cuestionó.

Fajardo explicó que la demanda por crímenes de lesa humanidad fue presentada ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Luego de esto, el proceso deberá pasar a la sala de diligencias previas donde se da el aval para que continúen las investigaciones hasta que el caso llegue al pleno del organismo jurídico internacional, proceso que podría demorar entre dos a cuatro años.

La empresa petrolera aún no ha hecho ningún pronunciamiento respecto a la demanda presentada por los afectados. (VBF/La Nación)