MSc. Brenda Mendoza Pimentel
FORO AGROPECUARIO ECUATORIANO

 

Hablemos del Código de la Democracia: ¿la política necesita candidatos o abogados defensores? Ecuador necesita reformar con  urgencia el Código de la Democracia.

Y no precisamente para facilitarle la vida a quienes aspiran a ocupar un cargo público, sino para proteger a los ciudadanos de una política que, demasiadas veces, parece convertirse en el refugio perfecto para quienes tienen más explicaciones que propuestas. Seamos claros: una acusación penal no convierte automáticamente a una persona en culpable.

La presunción de inocencia y el debido proceso son derechos que debemos defender. Pero tampoco podemos ser ingenuos. Una cosa es respetar la justicia y otra muy distinta es utilizar los vacíos de la legislación como una cómoda sombrilla para evitar que el electorado conozca la verdadera situación judicial, patrimonial y ética de quienes pretenden gobernarlo.

Porque en Ecuador parece que hemos llegado a una curiosa paradoja: para manejar una tienda nos pueden pedir referencias, pero para administrar millones de dólares del Estado basta con conseguir suficientes votos.

Y si alguien tiene procesos judiciales, investigaciones o serios cuestionamientos, el ciudadano debería tener información clara, completa y verificable antes de depositar su voto. No se trata de condenar desde una papeleta, sino de votar con conocimiento.

Un nuevo Código de la Democracia debería establecer mayores controles de transparencia, declaraciones patrimoniales verificables, información pública sobre procesos judiciales relevantes y mecanismos que garanticen que los partidos y movimientos políticos asuman responsabilidad por las personas que postulan.

Ya basta de una democracia entendida únicamente como el derecho a poner nombres en una papeleta. La democracia también debe proteger la calidad de quienes llegan al poder.

Si seguimos creyendo que mientras no exista una sentencia todo está permitido políticamente, algún día descubriremos —quizá demasiado tarde— que ganar una elección no convierte a nadie en honesto, capaz ni digno de gobernar.

La pregunta ya no debería ser solamente “¿puede ser candidato?”. La pregunta verdaderamente democrática es: “¿merece que le confiemos el país.