Quito. En Ecuador se han judicializado 93 casos por el delito de aborto consentido entre agosto de 2014, tras la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) y enero de 2018, informó este miércoles Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, ante la Comisión de Justicia de la Asamblea que analiza un proyecto reformatorio.

Indicó que actualmente no existe ninguna mujer privada de su libertad por este delito pues  cumplieron su pena o se acogieron a un procedimiento abreviado que implica la aceptación de la responsabilidad para obtener una reducción de la condena.

El artículo 149 de la norma señala que “la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”; y añade que quien “cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.

El funcionario exhortó a los asambleístas que para la aplicación de las reformas se analice minuciosamente el tema del aborto como consecuencia de una violación y recordó, por ejemplo, que el incesto no está tipificado como delito en el Ecuador.

Por ello, consideró “indispensable que la noma aclare cuándo y quién va a determinar la presunción de violación”, según recoge un comunicado de prensa del CJ.

La vocal del CJ, Karina Peralta, quien también acudió a la cita, se refirió al proceso de aplicación de la Ley Orgánica Integral para la Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres que entró en vigencia el pasado 5 de febrero.

Peralta expresó que, más allá de los plazos establecidos en la normativa, el Consejo de la Judicatura trabaja en la logística interna y elaboración de protocolos para profundizar el enfoque de género en la administración de justicia. (ANDES/LA NACIÓN)