Quito. Ecuador planteó este jueves dos nuevos modelos de Convenios Bilaterales de Inversión (CBI) que buscan una negociación con “equilibrio de derechos y obligaciones entre el Estado y los inversionistas”, dijo la canciller María Fernanda Espinosa.

La ministra aclaró que los nuevos acuerdos, contrario a los denominados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), protegen los intereses del país al otorgar “la seguridad jurídica necesaria con mecanismos de diálogo estructurado de alto nivel entre las partes”.

“Ecuador requiere de inversión extranjera directa que, respetando su normativa en materia social, ambiental y laboral, contribuya al cambio de la matriz productiva y a la generación de empleos de calidad”, añadió la ministra ante representantes de una treintena de países.

Remarcó que Ecuador es un excelente destino para la inversión extranjera y que existe una “atractiva cartera de proyectos con significativas tasas de retorno, una economía estable y dolarizada, así como reglas claras que garantizan la libertad de empresa, facilitan los negocios y obligan al Estado a estimular la libre competencia”.

Además, destacó la “estabilidad política, una posición geográfica privilegiada, infraestructura de primer orden entre las mejores de Latinoamérica”.

En el encuentro estuvieron presentes los 16 países cuyos TBI fueron denunciados  y quedaron sin vigencia: Italia (2001), Bolivia (1995), Perú (1999), España (1996), Estados Unidos (1993), Canadá (1996), Argentina (1994), Venezuela (1993), Francia (1994), Países Bajos (1999), Suecia (2001), Chile (1993), Suiza (1968), China (1994), Alemania (1996) y Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1994).

La motivación de la denuncia fue la vulneración del artículo 422 de la Constitución y el perjuicio al país causado por los tribunales arbitrales internacionales “por cuanto los árbitros generalmente tienen intereses en las compañías que invierten en Ecuador”.

Con los nuevos CBI los inversionistas están obligados a respetar los derechos humanos y ambientales; además se contemplan sanciones con relación a la corrupción.

Los CBI prevén además programas de “cooperación bilateral en beneficio del desarrollo de capacidades, asistencia técnica y transferencia de tecnología, entre otros aspectos que contribuirán al fortalecimiento del desarrollo productivo y la generación de empleo”. (ANDES/LA NACIÓN)