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Ecuador es parte del movimiento internacional que lucha contra la evasión fiscal, coinciden catedráticas

Es necesario que esta iniciativa se realice no solo a nivel nacional sino también internacional

QUITO.  La iniciativa llevada por Ecuador a las Naciones Unidas para luchar contra los paraísos fiscales y la consulta popular propuesta por el Gobierno para que la ciudadanía decida si está de acuerdo o no que las autoridades de elección popular puedan tener cuentas o empresas en paraísos fiscales, ubica al país andino a la vanguardia de los movimientos a nivel internacional que promueven una justicia financiera, afirmó este martes la doctora en ciencias políticas, Adoración Guamán.

“Ecuador propone a nivel internacional que haya una justicia fiscal y se controle a las multinacionales, algo que lo ubica a la vanguardia de una segunda ola de movimientos antiglobalización, que buscan no dejar en la impunidad a las empresas transnacionales”, afirmó la catedrática universitaria en una entrevista realizada en el programa ‘Ecuador No Para’. Puntualizó además que en muchos de los casos estas empresas son las que más dinero tienen en paraísos fiscales.

Por su parte, la magister en relaciones internacionales Mónica Hidalgo, subrayó que la oportunidad de Ecuador frente al G77+China es una oportunidad para proponer y llegar a implementar medidas que controlen y sancionen la elusión y la evasión fiscal.

“Ecuador tiene que  luchar por estas iniciativas. La presidencia del G77+China puede ser un espacios para empezar a diseñar y consensuar sobre la realidad de todos los países. Ecuador debe seguir siendo un ejemplo, de proponer y mostrar que el país está dispuesto a que sus funcionarios públicos no tengan dinero en paraísos fiscales”.

Guamán explicó que los paraísos fiscales son herramientas para ocultar fraude o evasión fiscal, los cuales producen ganancias millonarias para multinacionales, entidades financieras o personas.

“Los paraísos fiscales tiene como características un poco normativa interna, un sistema regulatorio dual en el que se discrimina a las empresas que vienen de fuera y a las locales y además son territorios con autogestión suficiente para realizar todo esto”.

Enfatizó que es importante localizar tanto a las empresas que están destinando esos capitales como a los que hacen de intermediarios.

“Las personas cuando lavan su dinero, quieren ocultar el origen de los fondos, evadir la fiscalidad en el país de origen para llevar a otros territorios ya sea porque no se cree en el país, no se quiere invertir en el país o simplemente se quiere evadir impuestos”, afirmó.

Mientras que Mónica Hidalgo aseguró que el problema de los paraísos fiscales es  un tema de ética pública, pues “está demostrando que los banqueros, los grandes empresarios no confían en su país, tienen un doble discurso pues no apuestan al crecimiento ni a la inversión interna”.

Señaló también que los servidores públicos deben tener la obligación ética de no tener ningún tipo de dinero fuera del país pues eso sería una garantía para poder ejercer la función pública y no se pueda vender a intereses exógenos.

“Los funcionarios públicos nos debemos a la sociedad y el que las autoridad de elección popular no deban tener ni cuentas ni empresas en paraísos fiscales, debería ser bien tomado, aplicado y defendido por la sociedad”.

Para la docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Adoración Guamán, las consecuencias de este desvío de capitales son uno de los grandes problemas que Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) ha detectado para América Latina y para el cumplimiento de los derechos sociales en esta región.

Recalcó que el pago de impuesto es necesario para llevar a cabo políticas en favor de las mayorías sociales, pues mediante estos se financian los servicios públicos, permiten una redistribución de la renta, la riqueza y porque sostienen la gobernabilidad. Por esto, puntualizó que  “quienes sufren por esta evasión son las grandes mayorías sociales”.

Destacó que los denominaos ‘Papeles de panamá’ son una filtración que ha sido capaz de poner en el centro del tablero político el tema de los paraísos fiscales y ha mostrado la magnitud del problema, lo que y ha empujado a diferentes países a adoptar diferentes medidas.

“Sin embargo las medidas adoptadas por los países ricos son en cierto punto hipócritas pues se basan en el intercambio de información y no en la puesta publica de información, de forma que siempre se controla quien tienen esa información”.

Al respecto resaltó la iniciativa de Ecuador de impulsar en Naciones Unidas una entidad internacional que trabaje sobre el tema de los paraísos fiscales y cuente con registros públicos.

“Esta propuesta de Ecuador, junto al tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas trasnacionales va a tocar el corazón del problema que son las multinacionales y su poder que supera en muchos casos a los de los Estados”.

Enfatizó que Naciones Unidas y sus relatores están haciendo una serie de resoluciones en las que dicen que la evasión fiscal y el uso de tribunales bilaterales de inversión lo que provocan es un incumplimiento de los derechos fundamentales y obligaciones que los estados tienen a nivel internacional.

Acerca del ‘pacto ético’ propuesto por el presidente Rafael Correa para que se le pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo o no que las autoridades de elección popular puedan tener cuentas o empresas en paraísos fiscales, afirmó que este recurso constitucional es necesario y pertinente.

“No podemos permitir que quien da ejemplo esté dando uso de estos mecanismos que lo que hacen es incapacitarnos para hacer políticas sociales”

Dijo que es necesario que esta iniciativa se realice no solo a nivel nacional sino también internacional para regular este tipo de prácticas, las cuales impiden que “como Estados se dé respuesta a las obligaciones internacionales con los derechos sociales, económicos y culturales.

La investigadora Mónica Hidalgo reiteró que como sociedad debemos recuperar la ética pública, reinformar y reeducar a la ciudadanía y estar en contra de estas malas prácticas y desde la academia se está estudiando el impacto de los resultados de la consulta sobre paraísos fiscales, para promover el retorno de esos capitales. (ANDES/LA NACIÓN)