La carrera por la Fiscalía General del Estado en Ecuador entra en una etapa de alta tensión jurídica. El aspirante y exministro de Gobierno, José De La Gasca, oficializó un reclamo administrativo ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

En su solicitud, exige la revisión integral de su calificación de méritos, ya qeu según el postulante se vulnera su derecho a la seguridad jurídica y aduce también, que una “cancha inclinada” se ha forjado; De La Gasca cuestiona los criterios técnicos que lo relegaron en el tablero de puntuaciones.

De La Gasca sostiene que la Comisión Ciudadana de Selección incurrió en una “interpretación diminuta” de la normativa vigente. Esto resultó en la invisibilización de los expedientes que acreditan su trayectoria en las áreas penal y constitucional, requisitos fundamentales para suceder a Diana Salazar.

El artículo 41: plazos y obligaciones para la Comisión
De acuerdo con el Reglamento para el Concurso de Méritos y Oposición, el proceso entra ahora en una fase de resolución obligatoria. Según el artículo 41, la Comisión de Selección dispone de un término de cinco días para resolver de forma “motivada e individual” cada una de las solicitudes de recalificación recibidas.

Justificación técnica requerida
Esta disposición legal obliga a los comisionados a justificar técnicamente por qué aceptan o rechazan los documentos de descargo. En el caso de De La Gasca, la controversia se centra en pruebas que fueron validadas en la etapa de admisibilidad, pero que fueron descartadas al momento de asignar puntaje.

Las pruebas en disputa: documentos omitidos
La defensa del exministro presentó un desglose de los documentos que, a su juicio, fueron omitidos arbitrariamente:

Trayectoria Penal: Actas de audiencias de juzgamiento de 2015. Aunque el caso tiene más de una década, De La Gasca aclara que los documentos fueron certificados en 2025, cumpliendo con la vigencia reglamentaria de 10 años.
Patrocinio Constitucional: Un acta de sorteo de 2020 que lo acredita como abogado patrocinador en causas de control constitucional.
Ejercicio Profesional: Registros de audiencias de flagrancia y vinculación (2016-2018) que demuestran su vigencia en el litigio activo.

Aclaraciones del postulante
“Si me dan el puntaje que legalmente he acreditado, no necesito privilegios. Lo que observo es que, al no tener por dónde sacarme del concurso, buscan crear un desbalance entre los funcionarios de carrera y quienes venimos del libre ejercicio”, sentenció el postulante en una entrevista radial.

Otros reclamos y la fase de oposición
El malestar no es aislado. El candidato Samno Macías también formalizó un pedido de recalificación, sumándose a las críticas sobre la falta de transparencia en la plataforma tecnológica de calificación.

Una vez que la Comisión evacúe estos reclamos dentro del plazo establecido, el informe final será elevado al Pleno del Cpccs para su validación definitiva.

Solo entonces, los aspirantes podrán avanzar a la fase de oposición, que incluye una prueba escrita con 60 preguntas (30 puntos) y una simulación de audiencia oral (20 puntos), donde se evaluará la capacidad de argumentación jurídica ante un equipo de expertos catedráticos.

 

 

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