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Ecuador interviene en examen de Derechos Humanos de Suecia con el caso de Julian Assange

El Gobierno ecuatoriano promueve el pleno respeto de los derechos humanos de Julian Assange, quien enfrenta un proceso judicial iniciado por la Fiscalía sueca.

GUAYAQUIL. El día de hoy, durante la realización del Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos del Reino de Suecia, el Gobierno ecuatoriano realizó varias recomendaciones para que el Gobierno sueco avance en la defensa y protección de los derechos humanos.

En particular, la delegación ecuatoriana se refirió a las dificultades dentro del sistema de justicia de Suecia, que han impactado negativamente en el goce de los derechos fundamentales del ciudadano australiano Julian Assange, quien goza de la condición de asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.

Después de felicitar a Suecia por los avances en materia de derechos humanos desde la presentación de su último EPU, la Embajadora María Fernanda Espinosa, en su primera intervención como Representante Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, transmitió, en sesión del Consejo de Derechos Humanos, la recomendación del Gobierno ecuatoriano a Suecia de limitar el tiempo de prisión preventiva o situación equivalente de privación de libertad, sin formulación de cargos; y, además, agilizar los mecanismos de cooperación internacional en los órganos judiciales y de la fiscalía, para garantizar el debido proceso, específicamente cuando la persona afectada esté protegida por una decisión de asilo o por el estatuto de refugiado.

Con estas recomendaciones, el Gobierno ecuatoriano promueve el pleno respeto de los derechos humanos de Julian Assange, quien enfrenta un proceso judicial iniciado por la Fiscalía sueca y una orden de prisión preventiva, desde hace dos años y medio, a pesar de que no ha sido formalmente acusado de cometer ningún crimen y tampoco ha tenido acceso a las pruebas utilizadas contra él.

Al igual que Ecuador, la delegación de Argentina resaltó la necesidad de tomar medidas concretas que permitan ofrecer garantías de no-devolución a quien sea considerado como un refugiado por otro Estado.

La delegación de Cuba insistió en la necesidad de garantizar el acceso a las pruebas en cualquier régimen de detención, mientras que la delegación de Uruguay insistió en la necesidad de garantizar el derecho a procedimientos judiciales justos. La delegación de Nicaragua recomendó a Suecia otorgar sin discriminación las garantías de protección judicial a los detenidos de conformidad a los compromisos internacionales. Sobre el mismo tema, la delegación de Eslovaquia recomendó a Suecia que se ofrezcan todas las garantías necesarias a los individuos privados de libertad. (CANCILLERIA/La Nación)